Las quejas presentadas por los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo cayeron en 2018 un 31% ante el «giro» de políticas económicas basadas en una «total austeridad» a otras «más normalizadas», aunque esta institución sigue muy preocupada por el empeoramiento de los servicios públicos. Precisamente la calidad de estos servicios acapararon la mayor parte de las 16.998 quejas presentadas por los españoles el pasado año ante la institución, que tramitó junto a ellas otras 327 peticiones de recursos de inconstitucionalidad y 372 actuaciones de oficio, hasta alcanzar un total de 17.697 expedientes.

El defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, entregó ayer a los presidentes del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Manuel Cruz, el Informe Anual 2018, que acompañó de un estudio monográfico sobre la crisis demográfica que atraviesa España por el envejecimiento de su población. Pese al descenso de las quejas respecto a las del año anterior, el defensor subrayó que la mejora económica aún no ha llegado a parte de la población, que ha emitido quejas «fundadas» sobre asuntos como el difícil acceso a la vivienda, la sanidad, la dependencia o la carencia de plazas de residencias para mayores, entre otras.