No hubo sorpresas de última hora y, tal y como se esperaba, la Comisión Europea (CE) formalizó ayer su decisión de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el «sistemático incumplimiento» de los niveles de dióxido de nitrógeno en tres núcleos: Madrid, Barcelona y el área del Vallès-Baix Llobregat. Si las autoridades españolas no toman medidas efectivas en los próximos meses para corregir la situación el caso podría terminar en multa millonaria.
La Comisión Europea ha justificado su decisión en que «los datos más recientes sobre la calidad del aire facilitados por España confirman el incumplimiento sistemático» de las normas europeas sobre los valores de dióxido de nitrógeno (NO2), jurídicamente vinculantes desde el año 2010. La decisión de remitir a España ante el tribunal está motivada por el incumplimiento reiterado de los límites legales, explicó el Ejecutivo sobre una contaminación que, de acuerdo con la agencia europea de medio ambiente, es la causante de la muerte prematura de 9.000 personas cada año solo en España.
La CE ha solicitado asimismo que se imponga a España una multa millonaria por no haber transpuesto la directiva europea sobre protección de datos en el ámbito penal, que las autoridades españolas deberían haber incorporado en mayo del 2018 como muy tarde. La norma regular el tratamiento de datos personales por parte de las fuerzas de seguridad con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento penal y garantiza que los datos de las víctimas, testigos, sospechosos y autores de delitos estén protegidos en las investigaciones penales.
