El Gobierno interpuso ayer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la resolución de la Consejería de Educación de dicha comunidad sobre el veto parental o permiso de los padres para que sus hijos asistan a actividades escolares complementarias. Así lo confirmaron a Efe fuentes del Ministerio de Educación, que añadieron que se ha solicitado «con carácter de urgencia» la adopción de medida cautelar consistente en la suspensión de las instrucciones recurridas sobre dicho permiso.

Llega después de que Murcia no haya respondido al requerimiento enviado el 17 de enero por el departamento dirigido por Isabel Celaá para que retirara la iniciativa. En los últimos días, el Ejecutivo murciano ha reiterado que no suprimirá el permiso parental a menos que lo exija una instancia judicial. El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, manifestó el lunes que tienen la «tranquilidad» de contar con avales jurídicos y de inspección para impulsar la medida. La «autorización familiar para actividades complementarias» cuenta «con el aval suficiente» de los informes de los servicios jurídicos y de inspección de la Consejería de Educación, por lo que el Gobierno murciano tiene «la tranquilidad» de que «las cosas se han hecho bien».

Celdrán dijo también que la autorización de los padres «es un tema de convicción» y que «la libertad de los padres tiene que primar sobre todo», siempre en connivencia con la ley. Celaá ha insistido en varias ocasiones en que no se pide permiso a los padres para «actividades voluntarias, sino actividades complementarias, que son materia curricular obligatoria y evaluable». Para ella, la instrucción del Gobierno murciano «es inventar un problema que menoscaba la competencia de los centros escolares, de la comunidad educativa y que va contra la libertad de cátedra de los docentes». En enero, dio a Murcia un mes para «restaurar la legalidad» y retirar el veto parental antes de recurrir.