Más de 100.000 funcionarios docentes y personal laboral, y 1,6 millones de alumnos están llamados este miércoles a la huelga de la enseñanza pública en Andalucía en contra del nuevo decreto aprobado por la Junta de Andalucía (PP y Cs). El texto, que modifica los criterios de escolarización, da alas a la enseñanza concertada al ampliar las opciones de las familias para poder elegir este tipo de centros aunque no se encuentren en su demarcación escolar. Una decisión que para los sindicatos y confederaciones de ampas esconde un intento de, llegado el momento, cerrar líneas en los centros públicos y prescindir de profesores interinos con el argumento de que no hay demanda ni alumnado.
El decreto, que las organizaciones sindicales agrupadas en la Plataforma andaluza por la Enseñanza Pública aseguran no ha sido consensuado, no modifica sustancialmente los criterios de baremación. Pero atiende a una vieja demanda del electorado tradicional del PP, que año tras año tiene que ver como sus aspiraciones de matricular a sus hijos en los colegios concertados -en un 90% de carácter religioso- caen en saco roto y deben 'conformarse' con la enseñanza pública por falta de plazas. Una matriculación que, además, provocó no pocos problemas en el pasado, con empadronamientos falsos para poder acceder al centro deseado y padres espiándose para comprobar los lugares de residencia y reclamar las plazas que consideraban adjudicadas irregularmente.
DERECHO A "ELEGIR LIBREMENTE"
Según justificó el consejero de Educación Javier Imbroda (Cs) hace unas semanas, con esta medida se "avanza en el derecho de las familias a elegir libremente el proyecto escolar que quieren para sus hijos", aunque bien es cierto que, al ser las plazas concertadas las mismas, no se garantiza que las obtengan. El decreto establece que las familias que no tengan en su demarcación un colegio concertado tendrán derecho a acceder a uno, siempre y cuando haya un centro de esas características en su localidad. Y, además, todos los colegios concertados que no tengan Bachillerato estarán adscritos a uno público que sí lo imparta, lo que evitará que muchos alumnos abandonen el centro privado antes de terminar la Secundaria para entrar en uno público y así asegurarse la plaza para Bachillerato, como ocurría hasta ahora.
"Se dota de mayor garantía a los centros concertados para su escolarización y todos los alumnos van a saber cuál es su trayectoria educativa", explicó a mediados de febrero el consejero Imbroda. El ejecutivo considera por tanto que la convocatoria de paros, apoyada por el PSOE y Adelante Andalucía, tiene un cariz "ideológico" y va contra el Gobierno andaluz por su color político, y no porque haya argumentos de peso.
ATAQUE A LA ESCUELA PÚBLICA ANDALUZA
Sin embargo, según reprocha la plataforma sindical convocante, que aglutina a CCOO, UGT y USTEA, la Confederación de Asociaciones de padres y madres CODAPA, y el Frente de Estudiantes FdE, el nuevo decreto que regula la escolarización en la comunidad autónoma supone "un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza", además de "profundizar" en las políticas de libertad de elección de centro desarrolladas en comunidades como Madrid, donde rige el distrito escolar único. Un modelo que temen que acabe implantándose, pese a que hasta el momento la Consejería de Educación ha afirmado no compartir.
"La profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de demanda social traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, y tal y como advierten numerosos estudios realizados al respecto", reprocha la Plataforma andaluza, que reclama al ejecutivo regional que no renuncie a su tarea de "garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad". "Y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho", insisten.
CIERRE DE AULAS
Más que el decreto en sí, lo que temen los sindicatos es el escenario que se avecina, anticipado por Imbroda al señalar que "este Gobierno responderá a la demanda social de las familias". Es decir, que bajo el criterio de atender esa demanda social en los próximos años, se abra la puerta a la supresión de unidades públicas en vez de mejorar su calidad y dotarla de más recursos. "Esta plataforma no puede compartir el hecho de que en un contexto de descenso de la natalidad, en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad, la administración priorice la aprobación de un decreto encaminado a favorecer a la educación concertada y a sus patronales", señalaron en el manifiesto de convocatoria del paro, en el que recordaron que la escuela pública "lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años".
