La ley de protección y recuperación del Mar Menor, aprobada por la Asamblea de Murcia, prohíbe el uso de fertilizantes químicos en una franja de 1.500 metros en torno a la laguna. La norma ha salido adelante con los votos a favor de PP, Cs y PSOE. Populares y naranjas, socios en la comunidad, consensuaron con los socialistas la mayoría de las enmiendas al texto presentado por el Ejecutivo en diciembre. Vox y Unidas Podemos votaron en contra.

La enmienda más polémica ha sido la que ha desembocado en el texto definitivo del artículo 29, que amplía la distancia de los usos agrícolas permitidos a una franja de 1.500 metros desde el Mar Menor, frente a los 500 metros libres de actividad que recogía la propuesta inicial del Gobierno regional. Con esta ampliación de 1.000 metros más se logra un amplio acuerdo sobre esta ley, que protege un ecosistema único, al mismo tiempo que establece medidas para avanzar en la reconversión hacia una agricultura sostenible.

En esos 1.500 metros se prohíbe la utilización de todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abono verde, la implantación de nuevos invernaderos o la ampliación de los existentes. Se permitirá solo la agricultura ecológica, sostenible y de precisión en riegos que estén consolidados y que no excedan los 170 kilogramos de nitratos por hectárea al año.

Otras enmiendas aprobadas se refieren al control de las instalaciones de explotaciones ganaderas y de los puertos deportivos, así como a la restitución de las parcelas de regadíos ilegales como terreno forestal.

CONTROL DEL AGUA / Se trata de una ley claramente necesaria, señala a EL PERIÓDICO Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología y portavoz del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, quien subraya la importancia de regular los usos y establecer criterios para optimizar las actividades en la cuenca vertiente. Aun así, subraya que no será suficiente sin infraestructuras que permitan la gestión y el control del agua. «Mientras esa infraestructura no exista, la ley será insuficiente», afirma.

Pero la ley, que nace para recuperar la laguna y la economía, no agrada a los empresarios agrícolas porque consideran que un 70% de la normativa está dedicada a señalar a la agricultura como foco del problema. A raíz de esto, 45 empresas del campo de Cartagena han creado la Fundación Ingenio, en la que proclaman que la solución no es destruir la agricultura, y han emprendido una campaña publicitaria en vallas y mupis desde donde preguntan: ¿Te imaginas un gazpacho sin verduras que provienen del campo de Cartagena, marineras murcianas sin los vegetales que le acompañan y qué llevará un potito de los niños sin las verduras de la huerta?.

También son contrarios el Movimiento Ciudadano por un Mar Menor vivo y los colectivos que denuncian la dejadez de las autoridades ante el ecocidio del Mar Menor. Consideran la norma una vergüenza porque no escucha, aseguran, a los ciudadanos y reclaman recuperar el entorno con un Mar Menor vivo.