La justicia ha sentenciado Madrid Central, la zona de baja emisiones en el centro de la capital impulsada por Manuela Carmena y que el PP prometió finiquitar cuando estaba en la oposición. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló ayer la restricción a los vehículos destinada a aminorar la contaminación al estimar parcialmente los recursos presentados contra la misma por la Comunidad de Madrid, el grupo popular en el ayuntamiento y la empresa DVuelta, en tres sentencias distintas.

No obstante, los jueces no entran en el fondo del asunto sobre si es necesario o no que una gran ciudad como Madrid limite el uso del vehículo privado ante el problema creciente del cambio climático, como han hecho otras urbes, entre ellas Barcelona. El fallo establece la suspensión de Madrid Central por defectos formales en su puesta en marcha. El TSJM consideró que «no se cumplimentó en debida forma el trámite de información pública», un requisito que considera esencial, preceptivo e indispensable al tratarse de una de las principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos. Asimismo, los magistrados opinan que la ordenanza aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Madrid en octubre del 2018 carece de una justificada memoria económica, imprescindible para valorar con pleno conocimiento y antelación la repercusión que los costes de su aprobación podrían representar.

Contra las tres sentencias cabe recurso de casación ante el Supremo. Si la alta instancia judicial confirma el fallo, todas las multas impuestas por acceder a la zona de bajas emisiones quedarían anuladas, al carecer las mismas de sustento normativo, según aclaró el tribunal madrileño. No obstante, según la versión de Greenpeace, la pelota está ahora en el tejado del consistorio de la capital española, que debe decidir si subsana los errores formales o deja a Madrid sin zona de libres emisiones. La alcaldía, de momento, guarda silencio sobre si continuará o no multando, dado que la sentencia no es firme.

ANTECEDENTES / Al llegar al poder, el alcalde José Luis Martínez Almeida, trató de suspender de facto Madrid Central con una moratoria a las sanciones que duró solo una semana porque la justicia anuló la medida a instancia de los grupos ecologistas.

Meses después, Almeida descafeinó Madrid Central al reducir el perímetro de bajas emisiones y abrir al tráfico estándar dos calles antes vetadas. Además, amplió el horario de los repartidores y abrió más la mano a la entrada de vehículos especiales. Su oposición a la medida estrella de Carmena ha decaído, sobre todo después de que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto el deseo ciudadano de poner coto al vehículo privado y favorecer las peatonalizaciones.