El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación de la que él mismo considera "la mayor trama piramidal en relación con la inversión en criptomoneda" de España. Se trata de la realizada a través de la empresa Arbistar 2.0, cuya instrucción remitió a Madrid un juzgado de Arona (Tenerife). La cifra de víctimas de esta estafa se sitúa en 1.127, pero se calcula que podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas. En cuando al perjuicio económico, que se cifra en más de 41 millones de euros actualmente, se cree que podría superar los 100 millones de euros.
En su auto de admisión, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 imputa a los investigados, bajo la dirección del administrador única de Arbistar, Santiago Fuentes Jover, los delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil. El juez señala que los investigados, mediante esa empresa, cuyo objeto social es “el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas”, urdieron presuntamente una trama defraudatoria en el mercado de las criptodivisas.
A cambio de rentabilidades de entre el 8% y el 15% mensual, que se les pagaba semanalmente, siempre los sábados, con opción de reembolso de todo lo aportado, los inversores debían abrirse un monedero virtual en una plataforma de comercio de criptomonedas ubicada en San Francisco, que dejaban de controlar ellos al cedérselo a Arbistar.
“Pero lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor”, relata.
“Plan amigo” para nuevos clientes
El esquema piramidal se completaba no solo para que los que ya habían invertido aportaran más dinero, sino también para atraer a nuevas personas que invirtieran dinero al ver los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores. A estos últimos se les ofertaba el “plan amigo”, por el que quienes conseguían incluir nuevos clientes recibían una compensación. De este modo la empresa, a partir de programas de marketing, consiguió crecer de una manera exponencial.
El problema surgió en agosto del año pasado cuando varios inversores solicitaron retirar sus fondos y su solicitud no fue atendida, porque su dinero no era reemplazado por el de nuevos clientes. Las pesquisas iniciadas en un juzgado de Arona han determinado que puede haber perjudicados en más de 30 audiencias provinciales, lo que sumado a que el perjuicio, cifrado actualmente en 41.481.766 euros, pero que puede superar los 100 millones de euros, hacen que la competencia de la Audiencia Nacional resulte evidente "sin ambages”, afirma el magistrado.
