El Estado y las administraciones codemandantes, Xunta, Diputación y Ayuntamientos de Sada y A Coruña, recurrieron ayer la diligencia que da un mes de plazo a los nietos del dictador Francisco Franco para retirar todos los bienes del pazo de Meirás. El recurso entró en los juzgados más o menos a la misma hora en que un responsable de la empresa de mudanzas contratada por los hermanos Martínez Bordiu intentaba infructuosamente franquear los muros de la que fue residencia oficial de veraneo de Franco.

Como ya informó este diario, los abogados de los Franco notificaron el 4 de mayo al juzgado el nombre de la empresa que realizará la mudanza. El representante legal de los descendientes del dictador, Luis Felipe Utrera-Molina, presentó ayer un nuevo escrito en sede judicial para denunciar que trabajadores de la compañía de seguridad contratada por el Estado, Prosegur, tras consultar a sus superiores, había impedido el paso de un empleado de la empresa de mudanzas, que pretendía inspeccionar el inmueble para calcular la logística de transporte. El letrado Utrera-Molina aduce que el plazo de un mes para retirar los objetos y enseres de un mes empezaba ayer: “El plazo sigue corriendo sin que mis representantes hayan podido iniciar los trabajos de retirada por causas solo imputables a la actora [el Estado]”, afirma el abogado en su escrito, en el que apela al “perjuicio económico evidente” que se deriva de tener que pagar a la empresa, desplazada desde Madrid, sin poder empezar los trabajos. Este diario consultó ayer al Ministerio de Presidencia sobre este incidente sin obtener respuesta.

La diligencia del juzgado del pasado 28 de abril que autorizaba a los Franco a llevarse los bienes muebles otorgaba cinco días hábiles para recurrir. Coincidiendo con el término del plazo, Estado, Xunta, Diputación y los concellos de Sada y A Coruña presentaron sus recursos. El Gobierno informó vía comunicado de que había alegado, entre otros extremos, contra la “indefensión” provocada por la imposibilidad de formular alegaciones contra la petición de los Franco de retirar todos los bienes ni pronunciarse sobre “las concretas condiciones en que debía efectuarse”. El Ejecutivo detalla que en su recurso, que se negó a facilitar a este medio, pide también autorización para concluir el inventario de bienes, que se adopten las cautelas necesarias para garantizar la seguridad en caso de producirse el traslado y que se tomen medidas para que quede constancia de que la Administración del Estado “ha cumplido fielmente con su condición de depositario”. El delegado del Gobierno, José Miñones, explicó ayer que este recurso es solo “un primer paso”, aunque el Ejecutivo evita confirmar si la Abogacía iba a presentar una demanda para reclamar el contenido de Meirás.

La Xunta tampoco facilitó el recurso a este medio y emitió un escueto comunicado en el que informa de que ha recurrido la diligencia judicial que da un mes de plazo a los Franco al entender que “socava las competencias públicas de protección de patrimonio cultural de Galicia al no especificar de modo explícito que la retirada de bienes de interés cultural [en alusión a las estatuas del Mestre Mateo y la biblioteca de Pardo Bazán] precisa de la preceptiva autorización administrativa de la Xunta”.

El Concello de Sada presentó dos escritos ayer en el juzgado, un recurso de reposición contra la diligencia de retirada de los bienes y un incidente de ejecución para que el juzgado se pronuncie expresamente sobre la retirada de determinados elementos que, a juicio del Ayuntamiento, son de titularidad pública. El letrado municipal alega que el título ejecutivo (la sentencia del juzgado de primera instancia que ordena devolver el pazo) ampara la consideración de dominio público de los bienes que formaban parte del pazo en el momento de su venta en 1938 como de los que fueron instalados por el Estado y que estuvieron afectos al servicio público de la residencia de la Jefatura del Estado hasta 1975.

Alega Sada que el hecho de que el fallo no resolviese expresamente sobre los bienes no impide que el juzgado, en ejecución de sentencia, impida la retirada de los que “forman parte indisociable del bien inmueble”. El Ayuntamiento considera que la presentación por parte del Estado de un recurso contra la diligencia de ordenación es “necesaria pero no suficiente”. “El Estado, como parto actora, debe ejercitar de inmediato otras acciones judiciales”. El alcalde, Benito Portela, recuerda que los Franco ya han contratado empresa de transportes y urge medidas judiciales y administrativas a Xunta y Estado para impedir el vaciado de Meirás. Entre otras actuaciones, reclama la modificación urgente del decreto por el que se declaró BIC el pazo para incorporar un anexo con los bienes asociados a este sitio histórico, un trámite que el Parlamento gallego ha instado por unanimidad.

El Concello de A Coruña y la Diputación recurrieron también la diligencia judicial, aunque no informaron ayer del contenido de su alegato.