La actividad contaminante que el juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia achaca a las empresas investigadas por el caso Topillo provocó el vertido a ramblas, salmueroducto, balsas o al subsuelo de un total de 5.900 millones de litros de salmuera con nitratos (5,9 millones de metros cúbicos), además de haber extraído una cantidad desorbitada de agua del acuífero del Campo de Cartagena contaminada por nitratos, cuatro veces más de lo permitido por por las directivas europeas. El auto recoge una serie de conclusiones que vienen a certificar cómo se comportaba la actividad agraria en la cuenca del Mar Menor en los años investigados, que abarcan una década desde 2007.

En total, el magistrado apunta a 39 empresas o particulares que operaron en el Campo de Cartagena llevando a cabo un modo de operar muy parecido entre ellos. El valor económico de los daños que se les imputan a estas firmas es de casi 20 millones de euros. Las empresas y lo que según el juez vertieron al Mar Menor se pueden consultar en el siguiente gráfico.

Los responsables de todas estas empresas se enfrentan ahora a una posible pena de prisión de hasta dos años de cárcel por haber cometido un delito contra el medio ambiente. En suma, generaron millones de metros cúbicos de salmuera con nitratos que acabaron en el Mar Menor.

Ante todo, el juez Ángel Garrote tiene muy claro que, debido a que los altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura permitieron la desalobración ilegal de los caudales extraídos del acuífero bajo la comarca, estas empresas emplearon máquinas para esta actividad vertiendo todo el rechazo sin tener autorización para ello. Esto provocó "un importantísimo aporte de salmuera cargada de nutrientes" que tenía como meta el Mar Menor, unos vertidos agrícolas susceptibles de generar un "perjuicio catastrófico, irreparable u irreversible".

El auto de procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral, imputa además al exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad, Antonio Cerdá, la expresidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura, Rosario Quesada, y al ex comisario de Aguas de ese organismo Manuel Aldeguer un presunto delito de prevaricación ambiental por omitir los controles sobre el campo y las desaladoras ilegales.