«Gaycéntrico». Así define el colombiano Wilson Castañeda, director de ‘Caribe afirmativo’, el colectivo en su país y en toda Sudamérica. Por eso, junto a la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID) y la Fundación Triángulo Extremadura, están trabajando en varios proyectos para dar voz a las mujeres LBT (lesbianas, bisexuales y transexuales) con la vista especialmente puesta en la implementación de los Acuerdos de Paz firmados por el Gobierno colombiano y las FARC en el año 2016, el primer proceso de paz en el mundo en incluir específicamente a las personas LGTBI y reconocer las violencias sufridas por estas y también por las mujeres. «Este 1 de diciembre conseguimos otro hito histórico al abrirse la primera audiencia por un caso de violencia sexual, el del Cauca y Valle del Cauca 005, donde contabilizamos siete víctimas LGBT», cuenta Castañeda en una entrevista con El Periódico Extremadura. «Lo más relevante es que en lugar de abrirse un solo macrocaso que abarque toda la violencia sexual cometida en el conflicto, tenemos el compromiso de que en todos los casos se va a indagar sobre si ha existido violencia sexual», apunta. Castañeda se refiere a los procesos abiertos por la JEP (Juridiscción Especial para la Paz), el mecanismo de justicia transicional establecido en Colombia tras el Acuerdo de Paz para investigar y juzgar los crímenes cometidos durante las casi cinco décadas de conflicto tanto por parte de la guerrilla de las FARC-EP como de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los grupos paramilitares.
«En este momento nos enfrentamos a dos retos principales. El primero presionar al sistema de justicia para que tenga instrumentos y herramientas que combatan la violencia de género y contra el colectivo LGTBI. El segundo es el empoderamiento de las mujeres LBT», dice Castañeda. «El proceso de paz ha abierto nuevos espacios para la ciudadanía, para construir un nuevo país y ahí es donde estamos capacitando a personas del colectivo para que sean partícipes», narra. Estos espacios, sin embargo, tienen su cara oscura y dramática: el asesinato de activistas. Según el último informe de la JEP, entre diciembre de 2016 y el fin de año de 2020 fueron asesinados al menos 904 líderes sociales -además de 276 excombatientes de las FARC-. «El problema es que la paz nos está costando la vida. El Gobierno no ha llenado con el Estado el vacío que ha dejado las FARC y otros grupos están ocupando ese espacio», denuncia.
El colectivo en el conflicto
Volviendo la vista atrás, ‘Caribe afirmativo’ ha podido identificar cuatro características del comportamiento de las FARC y los grupos paramilitares con respecto a las personas LGTBI: «Lo primero que vemos es la explotación sexual de mujeres trans y hombres afeminados. Lo segundo, como sabemos, en el conflicto se reclutaba a niños y niñas, pues si estos niños mostraban una orientación o identidad diversa, eran explotados. En tercer lugar, en el ordenamiento interno de las FARC estaba prohibido expresamente las relaciones homosexuales, bajo pena de enjuciamiento o incluso ajusticiamiento, hasta cinco años antes de la firma de los Acuerdos. Y por último, la guerrilla no consideraba que los derechos LGTBI entraran dentro de los Derechos Humanos», explica. A pesar de ello, en la mesa negociadora de los Acuerdos se incluyó un Subcomité de Género que consiguió que las partes negociadoras reconocieran la violencia «desproporcionada» que sufrieron particularmente mujeres y personas LGTBI durante el conflicto e incluyeron 41 disposiciones específicas de género en estos. Sin embargo, «una vez firmado los acuerdos, en los tribunales las FARC han reconocido todos los cargos salvo la violencia sexual», añade Castañeda.
Y si difícil es desenmarañar la historia y los crímenes de casi cincuenta años de conflicto, el camino a la paz tampoco está exento de obstáculos. «Estamos viviendo el recrudecimiento de la violencia, en todo el país y también contra las mujeres y el colectivo. En 2020 se dieron más de 200 feminicidios y homicidios de personas LGTBI. Por otro lado tenemos un Gobierno cuyo mantra es ‘paz con legalidad’. Lo que está haciendo es retrasar la implementación de los Acuerdos. No los puede anular porque dentro de los mismos se establece que ningún Ejecutivo podría hacerlo en los siguientes 10 años pero sí está obstaculizando el camino», denuncia Castañeda.
Moral y género
«El primer reconocimiento legal del colectivo LGTBI no vino por una ley para el matrimonio homosexual, como en Europa y otros países, allí fue en 2011, en la Ley de Víctimas, cuando se nos reconoce como víctimas del conflicto armado», cuenta Castañeda.
Pero al margen de este conflicto interno, Colombia es uno de los países de Latinoamérica y el Caribe con una legislación más avanzada en cuanto a reconocimiento de los derechos LGTBI. Así, el matrimonio homosexual se legalizó en 2016 y un año antes se aprobó el cambio de género en sus documentos de identidad a las personas trans mayores de 18 años. Claudia López, primera mujer alcaldesa de la ciudad capital, Bogotá, electa en 2020, es abiertamente lesbiana. «En el país tenemos 27 cargos electos que se muestran abiertamente como parte del colectivo LGTBI», apunta Castañeda. A pesar de ello, Colombia es uno de los países más violentos en la zona para las personas del colectivo: entre 2014 y 2018 más de 500 colombianos LGTBI fueron asesinados, según datos de Wola, una organización que controla la incidencia de los Derechos Humanos en las Américas. «En nuestro país y en toda la región hay una presencia de la religión muy fuerte. Y en Colombia en donde no está el Estado, la moral y la ética la ha llenado la religión. Esto ha ocurrido particularmente en las zonas rurales. El movimiento LGTBI ha sido muy urbano, de Bogotá y Medellín, y se ha quedado desolado en la ruralidad», expone Castañeda. Por este motivo su organización trabaja en las periferias del país, con la particularidad añadida de hacerlo con comunidades indígenas y afros en las que la homosexualidad también ha sido un tabú. «Uno de los informes que elaboramos se titula ‘Tras de negra, maricas’, porque es una frase que se dice. Se interrelacionan la discriminación por raza y por orientación o identidad sexual. Pero poco a poco vamos logrando avances en las comunidades indígenas y apoyamos a colectivos LGTBI de personas afro», dice.
La emergencia del covid
A todas estas problemáticas se unió el pasado año la pandemia, que no ha hecho sino acentuar la «pobreza de las personas LGTBI». Para hacer frente a ello, ‘Caribe afirmativo’ ha impulsado comedores comunitarios en distintos puntos del país en los que no sólo se sirven alimentos sino también «se les da un lugar para descansar, asesoría jurídica, psicológica o para encontrar empleo. En este momento estamos atendiendo a más de 200 personas LGTBI», describe Castañeda. Además, se muestra crítico con la polémica medida que implementó la alcaldesa de Bogotá de ‘pico y género’ en la que cada noche solo se permitía salir bien a hombres o bien a mujeres, al quedar las personas trans en un limbo. «En los refugios para las mujeres además se excluye a las mujeres trans», lamenta.
Así las cosas, son muchos los retos que la organización se plantea a futuro. Lo que remarca Castañeda es que esos desafíos deberán abordarse con el protagonismo de las mujeres LGTBI: «Van a seguir llenando la lucha por la diversidad sexual acompañadas por el feminismo», sentencia.
50 años de conflicto y 5 de ‘paz’
El conflicto armado interno en Colombia extiende sus raíces desde los años 60 del siglo pasado, en una guerra en el que el Estado, las guerrillas de izquierdas y grupos paramilitares han estado luchando para imponer su ley en los distintos territorios del país, todos ellos atravesados por bandas criminales y carteles del narcotráfico.
La violencia ha provocado que Colombia sea uno de los países del mundo con mayor número de desplazados internos: casi 8 millones han sufrido el desplazamiento forzado, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno. El Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia cuenta hasta 83.000 desaparecidos a causa del conflicto. Secuestros, masacres, ejecuciones extrajudiciales, atentados terroristas y minas antipersonas son otras de las caras de la guerra interna, junto a la violencia sexual y el reclutamiento de niños para los distintos grupos armados.
En 2012 el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo) iniciaron las negociaciones para la paz que culminaron a finales del año 2016, con la firma de los Acuerdos de Paz. El país está aún en proceso de implementar esos acuerdos mientras que la violencia, alentada por otros grupos y bandas criminales, y los asesinatos de líderes sociales en diferentes comunidades no cesan: según Indepaz, más de 1.260 han sido asesinatos desde 2016, 145 de ellos durante el presente año, en el que también contabiliza al menos 80 masacres.
