Tras la presión por parte de los movimientos sociales, finalmente el Gobierno ampliará la moratoria de desahucios de familias vulnerables, que terminaba, tras cinco prórrogas anteriores, el próximo 28 de febrero. Según avanzó este jueves el 'El País', el ejecutivo prevé aprobar en el consejo de ministros del próximo martes la prórroga hasta el 30 de septiembre del llamado escudo social, desplegado tras el estallido de la pandemia "para no dejar a nadie atrás".
La moratoria antidesahucios no para todos los desahucios -solo en Barcelona se dictaron 2.675 órdenes de desahucio en el 2021- pero permite al juez solicitar un informe de vulnerabilidad a los servicios sociales para suspender temporalmente el proceso. El 90% de las órdenes dictadas en Barcelona en ese periodo se lograron aplazar.
La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) se reunió este miércoles con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, el subdirector General, Anselmo Menéndez y la jefa de Gabinete del Secretario general, María Isabel Badía para perseverar en la necesidad de ampliar la moratoria. Durante todos estos meses, ya años, de pandemia se han ido acumulando desahucios -aplazados, no resueltos- y la situación si se levantara ahora la prohibición sería "insostenible", recalcan. El colectivo llevaba tiempo exigiendo al Ministerio una reunión para poder hablar de dos cuestiones íntimamente ligadas: la moratoria y la ley vivienda, actualmente en trámite parlamentario.
La portavoz de la PAH, Lucía Delgado, reprochó a Lucas en el encuentro la actitud del PSOE para con al ley vivienda presentada por los movimientos sociales el 14 de diciembre, a la que votaron "no", e insistió en que el actual proyecto de ley no es a sus ojos "una herramienta útil para solucionar los problemas de las personas". Igual que hizo hace unos días la ministra Raquel Sánchez en otra reunión con los sindicatos de inquilinos, Lucas se comprometió en el encuentro a "mejorar" la Ley en trámite parlamentario y tomó nota sobre la necesidad de ampliar la moratoria hasta que se apruebe la ley dada la crisis social que los activistas le relataron.
¿Qué pasa con los mayores?
"Le insistimos también en que la ampliación no fuera de dos o tres meses, que fuera más amplia, hasta que la ley esté aprobada", señala Delgado, quien subraya, como explicó a Lucas, la necesidad también de ampliar los supuestos de protección de dicha moratoria. "No puede ser que una familia vulnerable, si no tiene hijos menores a cargo, quede desprotegida. Eso deja fuera a muchas personas mayores", remarca.
Desde la PAH consideran imprescindible para que la futura ley garantice el derecho a vivienda esta incluya la paralización de todos los desahucios de familias vulnerables. Algo que haría innecesaria la moratoria. Esta erradicación de los desahucios debería estar vinculada a la obligación de ofrecer un alquiler social en el caso de bancos y grandes propietarios -como indica la norma catalana- y el realojo por parte de la administración en casos de pequeño propietario.
El histórico
La primera moratoria estatal de desahucios se anunció el gris marzo del 2020. El Gobierno explicó que paralizaría los desahucios durante seis meses y que impondría una prórroga automática de los contratos vencidos durante la crisis sanitaria también por un plazo seis meses, "de manera que nadie pudiera quedarse sin techo durante el periodo que durara la pandemia y los efectos económicos que implica". "Un escudo social para no dejar a nadie atrás", decían. Así que contó en marzo del 2020, momento en el que parecía inimaginable que tanto la pandemia como sus efectos económicos y sociales, se alargaran tanto en el tiempo.
