La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas; JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, y JUCIL, la organización con mayor representación en la Guardia Civil, han presentado esta mañana los resultados de una encuesta donde recogen miles de quejas por los recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios: hasta el 50% de los encuestados denuncian que se les ha recortado esa atención sin previo aviso. Especialmente "sangrante", critican las organizaciones, las quejas recibidas por parte de pacientes oncológicos que, a partir de ahora, critican, no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales y con los médicos que llevan, y conocen, su enfermedad.

Los testimonios recogidos por las organizaciones concluyen que la mitad de las personas a las que se les ha preguntado han sufrido recortes en su prestación sanitaria sin previo aviso. Así lo explicaron en rueda de prensa conjunta, Miguel Borra, presidente de (CSIF), Aaron Rivero, secretario general de Jupol y Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, que comparecieron esta mañana para denunciar la "infrafinanciación" por parte del Gobierno del modelo de asistencia sanitaria y para anunciar que han entregado al Defensor del Pueblo miles de quejas por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las diferentes mutuas de funcionarios como la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), de la Justicia (MUGEJU) y de las Fuerzas Armadas (ISFAS), en toda España.

Pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios...las organizaciones denuncian los recortes en su asistencia.

A lo largo del último mes, las tres organizaciones, han realizado más de 4.000 encuestas donde se han constatado que, a nivel nacional, se ha producido "pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción en definitiva de la cartera asistencial. Así lo indicó el presidente de CSIF, Miguel Borra, quien añadió que las quejas también se entregarán a las direcciones generales de las tres mutuas de funcionarios y a los diferentes grupos parlamentarios.

Estudian acciones jurídicas

Además, Miguel Borra avanzó que estudian acciones jurídicas "ante el incumplimiento de la continuidad asistencial que establecen los conciertos y protestas para revertir esta situación donde se está mermando el derecho a la asistencia sanitaria de este personal". Explicó que, a lo largo del último mes, han constatado, a través de esos testimonios de los mutualistas, que en provincias de toda España se ha producido un notable recorte de la prestación sanitaria.

El 25% de los encuestados afirma que le han limitado las pruebas para detección del covid.

Según los datos recabados por los tres sindicatos, la mitad de funcionarios, policías o guardia civiles han sufrido recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias. Asimismo, un 14 % ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento. Además, el 25% de los encuestados afirma que le han limitado las pruebas para detección del covid.

"Es preocupante, porque hablamos de personas y estamos conociendo casos sangrantes, por ejemplo, de pacientes oncológicos a los que les han cambiado sus cuadros médicos. En la Guardia Civil es especialmente sangrante porque trabajamos en un entorno rural y a veces, para una urgencia, hay que acudir a poblaciones situadas a más de 80 kilómetros", criticó Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL

Se sienten avandonados

Las tres organizaciones hicieron "un llamamiento para que no nos dejen abandonados en algo tan importante como la sanidad". E insistieron en que están recibiendo numerosas quejas de enfermos de cáncer que no han podido continuar con sus revisiones habituales -en muchos casos, después de años siendo tratados por el mismo equipo médico- en los centros donde se les trataba, porque las aseguradoras no les garantizaban esa continuidad, "y han tenido que buscar otras alternativas, con la incertidumbre que genera".

Denuncian, asimismo, que hay localidades que se han quedado sin centros concertados para la realización de pruebas radiológicas o analíticas, lo que obliga a desplazarse a los pacientes. Inciden en que en el caso de los pacientes con cáncer es especialmente grave ya que "hay hospitales que se han caído por parte de las aseguradoras y eso les obliga a acudir a nuevos centros". En definitiva, critican, se ha producido "una pérdida de las condiciones sanitarias".

Firma del concierto sanitario

A finales del pasado enero, CSIF ya exigía a MUFACE una reunión urgente tras haber constatado diferentes recortes en la oferta asistencial de aseguradoras como Asisa, DKV y Adeslas en la Comunidad de Madrid. El sindicato denunciaba que se habían reducido los médicos de familia en diferentes distritos, se han eliminado clínicas, se han retirado varias especialidades médicas y se ha eliminado la especialidad de oncología médica y radioterápica en Hospitales Madrid (Grupo HM) por parte de las tres compañías firmantes del concierto con MUFACE.

"Advertimos que estaríamos vigilantes ante posibles reducciones en los cuadros médicos y en la calidad en la asistencia", dicen desde CSIF.

Este último recorte afecta específicamente a los mutualistas atendidos en el grupo Hospitales Madrid, precisa el sindicato CSIF, que lleva semanas denunciando que esas especialidades ya no se ofertan a los casos nuevos, ni tampoco a quienes hayan concluido su tratamiento en ese hospital y necesiten una revisión. Los recortes, aseguran, tienen lugar tras la firma del concierto sanitario 2022-2024 entre Muface y las aseguradoras sanitarias el pasado diciembre.

"Ya advertimos entonces que estaríamos vigilantes ante posibles reducciones en los cuadros médicos y en la calidad en la asistencia, dado que el Gobierno no ha revertido en el concierto los gastos extra afrontados durante la pandemia, como sí se ha hecho en el caso de las comunidades autónomas", afirman los representantes sindicales.

"En Madrid, las aseguradoras no han conseguido firmar, por ejemplo, con este grupo con lo cual, se ha quedado fuera y todos los pacientes que se atendían, que eran muchos, se han encontrado con que no pueden ir, aunque se debe producir esa continuidad asistencial, pero estamos recibiendo muchas quejas de pacientes que dicen que no es así, por eso no descartamos darles asistencia jurídica", señaló en la rueda de prensa el presidente de CSIF.

Responsabilidad de las multas

Las organizaciones han pedido a las mutualidades "que asuman su responsabilidad y tomen cartas en el asunto". Además, que informen "con transparencia" a los pacientes y que se amplíe el plazo para poder cambiar de aseguradora sanitaria. De hecho, el 80 % de los encuestados, según los datos presentados esta mañana, reclama esta posibilidad. "Y que, a la vista de las limitaciones presupuestarias, valoren la posibilidad de modificar el concierto para que los mutualistas reciban una prestación adecuada", indican.

En el caso de los pacientes oncológicos, quieren que se concrete el número de personas atendidas en 2021 y de estas cuántas siguen en tratamiento.

En el caso concreto de los pacientes oncológicos, quieren que se detalle el número de personas atendidas en 2021 y, de éstas, cuántas siguen en tratamiento; y que se especifique cómo se realizará un seguimiento efectivo de las personas que a día de hoy no están en tratamiento, pero necesitan revisiones. "Recordamos a las mutuas que están obligadas a garantizar la continuidad asistencial de los mutualistas o beneficiarios afectados", subrayaron los sindicatos.