Bruselas advierte de nuevo con severidad: la ley del regadío en Doñana "infringe" el derecho europeo y habrá sanciones

El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha respondido en un carta de nuevo sobre la proposición de ley de Doñana que tramita el Parlamento andaluz tras haber “recabado explicaciones a las autoridades españolas”. En la misiva, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, los servicios de la Comisión vuelven a advertir con rotundidad de que “si se aprueba en los términos anunciados”, la “propuesta propuesta legislativa podría infringir el Derecho de la UE aplicable en materia de medio ambiente”. En ese caso, habrá multas. 

“En tal caso, la Comisión estudiaría, como guardiana de los Tratados, el uso de todos los medios a su alcance en virtud de los Tratados para velar por que el Reino de España cumpla de manera efectiva la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE”, señala la carta, que se envía después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reuniera el martes con el comisario Sinkevicius, ante la "preocupación" que ambas instituciones comparten por la situación en el parque nacional de Doñana en un encuentro informal aprovechando la cumbre de los ministros de Medio Ambiente en Estocolmo (Suecia).

“Las disposiciones nacionales para garantizar que España adopte las medidas necesarias para dar cumplimiento a la citada sentencia del Tribunal competen a las autoridades nacionales”, señala la carta de la Comisión europea, que deja directamente en manos del Gobierno de la nación las actuaciones a seguir. Andalucía lleva semanas tratando de buscar un diálogo bilateral con Bruselas para explicar sin intermediarios la proposición de ley que PP y Vox tramitan en el Parlamento andaluz y que dará luz verde a unas 750 nuevas hectáreas de regadío en la corona norte del Parque Natural, reclasificando suelo pero sin otorgar derechos de agua, lo que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir. Tanto el órgano de la demarcación de aguas como el Gobierno de la nación ya ha advertido de que no habrá nuevos permisos de riego en el entorno de Doñana y que los trasvases en marcha son para la recuperación del acuífero.

Medio millar de los 1.200 pozos ilegales que secan Doñana siguen sin precintarse

Según ha sabido este periódico, el Gobierno prepara la respuesta oficial que debe enviar a la Comisión Europea ante los requerimientos recibidos. Hoy acaba el plazo y la documentación se remitirá a lo largo de la jornada, confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Como avanzó la ministra Ribera la respuesta se dará con la información remitida por la Junta de Andalucía, que la remitió este miércoles a escasas horas de que se agote el plazo para responder a Bruselas.

El nuevo y contundente aviso de Bruselas llega apenas un par de horas antes de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez acuda a visitar el Parque Nacional de Doñana, tras haber pedido al PP la retirada de la proposición de ley. También el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, llegará a Huelva donde tiene su agenda este jueves, dejando claro que la provincia de Huelva es un objetivo electoral claro para ambos partidos.

Esta carta es la tercera advertencia severa. Ha habido dos avisos previos igual de contundentes. La directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, aseguró que la proposición andaluza suponía “una violación flagrante” de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de junio de 2021, que advertía a España de que debería haber tomado medidas mucho más drásticas contra las extracciones ilegales de aguas subterráneas en la comarca de Doñana. La justicia europea no impuso multas pero reprendió severamente por no cumplir las directivas en vigor y acusó a España de no haber adoptado las medidas para poner fin a ese deterioro. Esa sentencia advertía de que la continuidad de esos incumplimientos conllevaría sanciones.

Reforzando esa advertencia que se envió por carta a la Embajada Permanente de España ante la UE, el portavoz de medio ambiente del ejecutivo comunitario, Tim McPhie, también dejó claro que se adoptarán “medidas adicionales” para garantizar el cumplimiento de la sentencia si es necesario.