Formentera, colapsada por la llegada de pateras, exige ayuda estatal: "Así no podemos seguir"

Desde el pasado lunes a las 23 horas hasta este miércoles a las 9 horas, en tan solo 34 horas, llegaron a Formentera un total de 288 migrantes, entre ellos al menos 11 menores no acompañados por sus familiares. Esta inusual oleada ha acabado "poniendo al límite la capacidad operativa y logística de los servicios municipales y de emergencia de la isla", según advirtió el presidente del Consell Insular, Óscar Portas en una comparecencia ante la prensa durante la cual denunció la ausencia en la pitiusa del sur de "cualquier dispositivo de primera atención humanitaria", como el servicio que presta la Cruz Roja en otros puntos del litoral español.

Ante esta falta de recursos, que incluso obligó al propio Consell a suministrar agua embotellada a los recién llegados, Portas adelantó que se había puesto en contacto con la directora insular del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch, para conocer qué medidas se estaban tomando desde el Gobierno central ante "esta nueva realidad" que se está registrando en Formentera. "Así no podemos continuar", exclamó el presidente insular ante la prensa.

El máximo responsable de la institución insular añadió que había requerido "una respuesta inmediata por parte de las administraciones competentes" ante esta "situación de emergencia", especialmente del Gobierno central, y subrayó que Formentera "no puede asumir en solitario esta presión sin un refuerzo claro en los recursos humanos, logísticos y de asistencia humanitaria".

Tensión sobre los recursos

Ante la masiva llegada de migrantes, la mayoría de los cuales habían sido interceptados ya en tierra por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Portas explicó que en la actualidad "todos los efectivos de la Policía Local están movilizados en tareas de traslado y asistencia, con la consiguiente tensión sobre los recursos ordinarios destinados a la seguridad y el orden público".

Además, los Servicios Sociales de la institución están "sobresaturados" porque entre los recién llegados en estos últimos tres días se contabilizan varias familias al completo, con niños de corta edad, así como al menos 11 menores no acompañados que quedan bajo la tutela del Consell Insular y suponen una sobrecarga económica para sus arcas que amenaza con llevar a la bancarrota a la institución. Según los últimos datos ofrecidos por Portas, Formentera ejerce la tutela a día de hoy de 151 menores.

El presidente detalló que esta llegada masiva de migrantes está provocando situaciones extraordinarias, como que la propia Brigada de trabajo del Consell deba proporcionar agua a los recién llegados desde las costas de África ante la ausencia de una primera asistencia básica; o que la Guardia Civil tenga que utilizar un vehículo de Protección Civil para trasladar a las personas rescatadas al sufrir una avería la única furgoneta que tiene en la isla.

El máximo responsable del Consell lamentó una vez más durante su comparecencia que la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que visitó Ibiza a principios de julio, pero que no se desplazó hasta la pitiusa del sur, no tenga previsto en su agenda desplazarse a la isla para conocer de primera mano la realidad del fenómeno migratorio.

Las promesas incumplidas

En este sentido, Portas denunció que ninguna de las promesas que hizo Cancela sobre la mejora de las infraestructuras para poder recibir dignamente a los recién llegados se ha cumplido hasta el momento en Formentera: "Se dijo que se montaría una carpa en la Savina que no está y que habría un convenio con Cruz Roja para dar esta primera atención humanitaria, que tampoco se está dando".

Formentera necesita "que el Gobierno de España esté presente, escuche y actúe sobre el terreno", añadió Portas. De manera más detallada, Portas mencionó como prioridades la instalación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (Sive) de la Guardia Civil, que ayudaría a vigilar las costas de Formentera, así como la activación de un contingente de la Cruz Roja en la isla para atender a las personas que llegan tras un largo y peligroso viaje desde Argelia a bordo de frágiles embarcaciones.

Tras la comparecencia del presidente, el Consell emitió un comunicado en el que reitera su compromiso «con la atención a las personas» pero reclama "una respuesta coordinada, proporcional y urgente para garantizar tanto la dignidad de los migrantes como la seguridad y el bienestar de la ciudadanía de la isla".

"El Gobierno da respuesta"

Por su parte, la directora de la Administración General del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch, admitió a Diario de Ibiza que "estos días están siendo intensos por la llegada de embarcaciones dedicadas al tráfico de personas", pero negó que desde el Ejecutivo central se esté desatendiendo el fenómeno migratorio.

"A pesar de la intensidad [de las llegadas de migrantes], se está dando respuesta, tanto desde el ámbito de Salvamento Marítimo como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y se está gestionando con la máxima celeridad posible y con la máxima coordinación por parte de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía", aseguró este miércoles Guasch.

Este verano, la Pitiusas cuentan "con un despliegue más notable de Salvamento Marítimo, con la Guardamar que se ha trasladado de la Península y con la embarcación de la Guardia Civil del Mar, la ‘Río Segura’, destinada a aguas de Ibiza", puntualizó.

La directora insular explicó que "la operativa de la Guardia Civil moviliza y mueve agentes dependiendo de necesidades y previsiones", e incidió en que "en ningún caso se desatiende el fenómeno" y el Gobierno "está dando repuesta".

Guasch criticó "que se utilice el hecho migratorio como arma de confrontación". "No es responsable", consideró, y añadió que "los gobiernos están para gestionar y cooperar, y decir que el Gobierno no atiende es faltar a la verdad". La representante del Ejecutivo central fue más allá y estimó que ese tipo de declaraciones, "menosprecian el trabajo de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo".

Desde la Dirección Insular, "se trabaja para garantizar que el tránsito que hacen estas personas se atienda desde el ámbito humanitario y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajen con el mayor número de efectivos", insistió Raquel Guasch.

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