Las clínicas avisan de que la reforma de la Constitución para blindar el aborto es más "simbólica" que "eficaz"

La polémica propuesta del Ayuntamiento de Madrid de informar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo del falso 'síndrome post-aborto' ha dado una coartada al Gobierno para poner el aborto en el centro de su agenda política, con el fin de exponer las contradicciones del PP en esta materia. Pedro Sánchez ha anunciado este viernes que promoverá una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna, tal como hizo Francia el año pasado, con el fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas".

Sin embargo, las clínicas acreditadas para la realización de abortos, que practican el 80% de las intervenciones, consideran que el anuncio de Sánchez es más "simbólico que "eficaz". "Reconocer derechos en abstracto siempre es interesante, pero dudo de su eficacia porque el derecho a la vivienda también está reconocido en la Constitución y no se cumple. En la práctica, no creo que, necesariamente, suponga una mejora en los derechos sexuales y reproductivos, este tipo de anuncios parecen más bien un brindis al sol", opina José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).

España ya tiene leyes para garantizar el derecho al aborto "de las más avanzadas" del mundo, el problema es que "no se cumplen en todos los extremos", según un jurista especializado

Bosch, en nombre de los centros que realizan la mayoría de intervenciones en España dado que en la sanidad pública solo se practican el 20%, explica que España ya tiene una legislación para garantizar el derecho al aborto "de las más avanzadas" del mundo. El problema es que "no se cumple en todos los extremos" porque "quienes tienen que prestar el servicio son las comunidades y muchas de ellas tratan de imponer su moral personal, en vez de respetar la norma". Por eso, en su opinión, no es tan necesario reformar la Constitución, dada la dificultad de "llevarlo a la práctica" en una situación de fragilidad parlamentaria, como hacer "cumplir las leyes vigentes".

Por el contrario, el ginecólogo Abel Renuncio, portavoz de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), una sociedad científica que tiene como la promoción de métodos contraceptivos y su relación con la salud reproductiva formativa y divulgativa, opina que "blindar en la Constitución el derecho al aborto puede garantizar su desarrollo pleno y su ejercicio en condiciones de seguridad y equidad". "En la SEC creemos que sería una medida muy positiva para garantizar la accesibilidad y la equidad que marca la legislación y poder permitir el desarrollo del derecho a todas las mujeres", añade Renuncio.

La información

El Gobierno ha anunciado además que, de manera más urgente, modificará el Real Decreto 825/2010 para impedir la difusión de "información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo", con el fin de frenar la propuesta del Ayuntamiento Madrid, impulsada por Vox y que salió adelante con el apoyo del PP, de informar a las interesadas del 'síndrome post aborto', que no tiene base científica.

Sin embargo, según el asesor jurídico de ACAI, tampoco es necesario acometer este cambio legal porque la reforma de la ley del aborto indica en el artículo 24.2 que las "administraciones tienen que garantizar el ejercicio" del derecho y "velarán para evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o demorar, la formación de su voluntad, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con excepción de la información clínica imprescindible y pertinente". "Las intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica", añade el artículo.

El Gobierno ya tiene "soporte legal" para impedir que el Ayuntamiento de Madrid informe del falso 'síndrome post-aborto', según las clínicas

A juicio del jurista especializado en aborto, este precepto ya ofrece al Gobierno "soporte legal" para impedir que el Ayuntamiento de Madrid o cualquier administración informe del presunto 'síndrome post-aborto'. Además, la reforma del Código Penal aprobada la pasada legislatura y destinada a evitar que se acose a las mujeres a las puertas de las clínicas también penaliza "cualquier conducta intimidatoria". "Si me apuras, si el Ayuntamiento de Madrid quiere dar información falsa que intimida a las mujeres, podría estar también cometiendo un delito", opina Bosch. Por tanto, remacha, "con cumplir la legislación actual, ya se garantizaría el derecho al aborto".

La reforma del Código Penal no ha servido para impedir que continúen las concentraciones a las puertas de las clínicas abortistas ni para rebajar "su intensidad", según ACAI, dado que la redacción del artículo exige que el "acoso a las mujeres tenga que ser reiterado, en relación con la misma víctima", y como las mujeres suelen acudir a estos centros una vez, cuando van a abortar, en la práctica el cambio legislativo no ha impedido el fenómeno. "No conozco ninguna condena" por el nuevo delito, precisa Bosch.

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