El punto ciego de la selectividad: quién corrige los exámenes y con qué criterios

La PAU puede ser una prueba necesaria y útil, pero, tal como está diseñada actualmente, no garantiza que todos los estudiantes sean evaluados en condiciones equivalentes. Solo será realmente justa si adopta una serie de cambios. Entre otros, la doble corrección desde el inicio y la formación específica de los evaluadores. Así lo defiende la profesora Judit Ruiz-Lázaro, vicedecana de Innovación e Investigación de la facultad de Educación de la UNED, a partir de los resultados de una investigación publicada la semana pasada.

La investigación no aporta evidencias de la inflación sistemática de las calificaciones en los centros privados frente a los públicos, las famosas ‘notas infladas’

Titulado ‘La investigación sobre el acceso a la universidad en España: revisión bibliométrica hasta 2024’, el trabajo analiza décadas de producción científica sobre el acceso universitario. Ruiz-Lázaro, como investigadora principal, señala que los resultados apuntan a la necesidad de tomar varias medidas para que la selectividad cumpla con su verdadero objetivo: “identificar de la forma más igualitaria y objetiva posible a los estudiantes más preparados para cursar estudios superiores”. La primera medida, que tiene que ver con la corrección, pretende evitar que los criterios subjetivos de los evaluadores dejen de estar latentes. La investigadora propone que los correctores –docentes de universidad y de instituto– reciban un entrenamiento y una formación específica, algo que ya existe en algunas comunidades, pero que no responde a un protocolo común.

En conversación con este diario, Ruiz-Lázaro reclama también la doble corrección, que, actualmente, solo se activa cuando el estudiante la solicita, normalmente como reclamación y no como garantía previa. “Lo que proponemos es que sea la norma desde el principio, no el recurso al que se acude cuando algo ya ha salido mal”, explica Ruiz-Lázaro, que firma el estudio junto a dos profesores e investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, Coral González Barberá y José Luis Gaviria-Soto.

"La selectividad no garantiza que todos los estudiantes sean evaluados en condiciones equivalentes: pruebas no equiparables entre comunidades, criterios de corrección heterogéneos y un diseño que no es neutral respecto a las condiciones de partida del estudiante"

Judit Ruiz-Lázaro

— vicedecana de Innovación e Investigación de la Facultad de Educación de la UNED

Selectividad 2026

Esta conclusión está de plena actualidad después de que la selectividad de este año se haya saldado con dos problemas graves. En Cataluña, el Departament de Recerca i Universitats recibió 2.057 peticiones de revisión del examen de Matemáticas científicas-tecnológicas, 600 más que el curso pasado. Era una examen, según los estudiantes, muy difícil de terminar a tiempo. En el País Vasco, mientras, se registró un sorprendente número de suspensos (ceros rotundos incluidos) en el examen de Euskera, un asunto que ha llegado a los tribunales.

"Hasta hace poco, había varias comunidades en las que el corrector podía bonificar con uno o dos puntos la buena presentación o calidad ortográfica. A su propio juicio y sin criterio objetivable, una subjetividad enorme en una prueba de estas características"

Judit Ruiz-Lázaro

— vicedecana de Innovación e Investigación de la facultad de Educación de la UNED

Las investigaciones previas realizadas por Ruiz-Lázaro dejan claro que la actual selectividad “son 17 pruebas distintas en cuanto a contenido” que, además, “se corrigen de forma diferente”. En este aspecto, los investigadores reconocen alguna mejora. Por ejemplo, en estos últimos años se ha trabajado en la unificación en los criterios para penalizar las faltas de ortografía y la mala presentación, una norma que entró en vigor en la selectividad de 2025. “Como investigadores, nos llamó mucho la atención que, hasta hace poco, había varias comunidades en las que el corrector podía bonificar con uno o dos puntos la buena presentación o calidad ortográfica. A su propio juicio y sin criterio objetivable. Eso es un margen de subjetividad enorme en una prueba de estas características”, explica la vicedecana.

La selectividad se presenta como una prueba objetiva donde todos parten del mismo punto. Según la investigadora de la UNED, eso no es del todo cierto porque no depende solo de los conocimientos del estudiante

Decisiva para el futuro académico de los jóvenes y la elección de estudios superiores, la nota de la selectividad no refleja únicamente ni su capacidad ni su esfuerzo individual, sino también las condiciones sociales y económicas. Aquí radica, según los investigadores, otra de las injusticias de la actual PAU. La selectividad se presenta muchas veces como el gran igualador, la prueba objetiva donde todos parten del mismo punto. Pero eso no es del todo cierto porque entran en escena otros factores, además de los conocimientos del estudiante.

“Un alumno que ha podido pagarse una academia, que tiene en casa un ambiente tranquilo para estudiar y que ha tenido profesores estables laboralmente durante el Bachillerato llega al examen en mejores condiciones que otro con el mismo potencial, pero con menos suerte en el entorno. Y eso la nota no lo refleja. La solución pasaría por diseñar pruebas que dependan más de la capacidad real de razonamiento”, argumenta la investigadora.

Sin evidencia de 'notas infladas'

La investigación revisada no aporta evidencias de la inflación sistemática de las calificaciones en los centros privados frente a los públicos, las famosas ‘notas infladas’. Ahora bien, Ruiz-Lázaro sí advierte de que dos estudiantes con el mismo expediente de Bachillerato no siempre han sido evaluados con el mismo nivel de exigencia. “Eso no es necesariamente inflación intencionada, sino falta de homogeneidad en los criterios de evaluación entre centros”, responde la vicedecana.

El real decreto de la PAU, que entró en vigor en 2025, insta a que la prueba sea lo más homogénea posible en toda España, pero descarta un examen único e idéntico en todas las autonomías. El planteamiento y el contenido de las preguntas siguen siendo terreno exclusivo de las autonomías, que tienen las competencias educativas.

Contenidos diferentes

Los investigadores de la UNED y de la Complutense aseguran que, en algunos casos, las comunidades no evalúan contenidos que son de obligado cumplimiento por la normativa estatal. “Una prueba común basada en los contenidos mínimos y comunes ya establecidos por un real decreto sería perfectamente viable sin necesidad de tocar las competencias autonómicas. El único obstáculo real es de coordinación: tendría que celebrarse el mismo día y hora en todo el país para evitar filtraciones. Tiene solución técnica porque este tipo de sistema de evaluación a gran escala y en estas condiciones ya se lleva a cabo en algunas universidades como en la UNED. Sin embargo, requiere una voluntad política que, como hemos visto, no ha llegado a materializarse”, explica Ruiz-Lárazo.

Como paso más inmediato, los investigadores proponen incorporar una parte común dentro de cada prueba, con criterios de corrección compartidos, manteniendo el resto para los contenidos propios de cada comunidad. “Es un avance real y perfectamente factible dentro del marco normativo actual”, asegura.

“Nuestras investigaciones concluyen que, tal y como está diseñada actualmente la selectividad, no garantiza que todos los estudiantes sean evaluados en condiciones equivalentes. Esto se debe a que su implementación presenta limitaciones documentadas: pruebas no equiparables entre comunidades, criterios de corrección heterogéneos y un diseño que no es neutral respecto a las condiciones de partida del estudiante”, zanja la vicedecana.

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