El asesinato vicario ocurrido el domingo en Sueca ha hecho saltar todas las alarmas. En este sentido, una de las primeras reacciones ha sido la de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que convocó para ayer tarde una reunión de urgencia con todos los operadores en materia de violencia machista con un único fin: analizar los posibles fallos o fisuras de los procedimientos para evitar, en la medida de lo posible, sucesos similares.

Una de las primeras conclusiones a la vista de lo sucedido es la falta de conexión entre los juzgados de Violencia de Género y los de Familia. En el caso de Sueca, el primero enjuició y condenó al presunto parricida, José Antonio A. C., por un episodio de maltrato sobre su entonces mujer, sin saber que de manera paralela el juzgado de Familia tramitaba un divorcio de mutuo acuerdo que acabó por otorgar la custodia compartida de Jordi, el hijo de ambos asesinado por el padre este domingo.

La desconexión, sin embargo, solo es parcial. El juzgado de Familia de Sueca disponía de acceso al Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), la base de datos que recoge todas las actuaciones penales –sean o no de violencia machista–, tanto las sentencias, como las medidas de protección, las denuncias,... Ello supone que, de haber consultado el nombre de José Antonio A. C. y de su mujer, automáticamente habría accedido al procedimiento penal que le condenó a 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad y a la orden de alejamiento sobre ella.

Bravo puntualizó ayer, al término de la reunión, que "el juzgado no está obligado a consultar el SIRAJ", pero incidió en la "tremenda" utilidad de la herramienta para que los jueces de Familia "puedan tener conocimiento de autos y sentencias de violencia de género".

Habilitar accesos a todo

Precisamente por ello, y dado que en este momento solo tienen acceso a SIRAJ los juzgados de la jurisdicción penal y los mixtos (los dos de Sueca lo son), se ha comprometido a pedir al Ministerio de Justicia, de quien depende ese registro, "se abra a los juzgados de Familia puros [no mixtos]", como los son, por ejemplo, los de la ciudad de València.

Así, pretende lograr una plataforma específica para la C. Valenciana que dé acceso a todos los juzgados a esa base de datos y a otras que, como VioGén (el registro de víctimas y actuaciones policiales y judiciales en el marco de la violencia machista), aportan información fundamental en cualquier procedimiento.

A ello se le unirá, a partir de noviembre, con la digitalización de la Justicia valenciana, la creación de un sistema de alertas informáticas en "todos los sistemas de gestión procesal". Son dos instrumentos para un mismo fin, uno automatizado y el otro proactivo, ante "la posibilidad de que falle alguno de ellos".

Además, ya ha solicitado a la ministra de Justicia una reunión en la que le expondrá otras de las medidas salidas de la reunión de ayer: "Instar al Gobierno de España para que se modifique el Código Penal con el fin de que el peso del control del cumplimiento de la orden de protección no recaiga, como ocurre hasta ahora, en la víctima, sino sobre el maltratador", en beneficio de la ‘desvictimización’ de las mujeres objeto de violencia machista.

El plantón de los jueces

En ese debate, al que acudieron todos los operadores jurídicos y representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad congregados por Bravo, salvo los jueces, que le dieron plantón ya que han preferido asistir solo a la reunión extraordinaria convocada para mañana por comisión provincial de coordinación de violencia de género, se abordó otra cuestión más: la función de las unidades de valoración integral forense (UVIF), una figura incluida en la ley integral de violencia de género y en las que la C. Valenciana es líder con 13 oficinas en todo su territorio.

Bravo destacó las bondades de ese recurso, "ya que cada unidad la integran un médico forense, un psicólogo clínico y un trabajador social, y sus informes van un paso más allá de las valoraciones policiales de riesgo". Estas últimas, que son las que fijan el grado de riesgo para la víctima, las elaboran policías a partir de un cuestionario en el que solo se pregunta a la mujer, a la víctima, mientras que los informes de las UVIF también se hacen sobre el agresor y su entorno familiar, lo que da una idea mucho más amplia, defendió.

Pese a que algunas de esas unidades, como la de València, existen desde 2016, "sus informes apenas son demandados, y es un recurso que puede solicitar el juez, pero también la Fiscalía y los abogados de las víctimas". Un ejemplo, en todo 2021, solo se pidieron unos 2.000 informes de los 14.536 asuntos por violencia machista tramitados en la provincia de València. Un escaso 14 %.

La conclusión es clara: "Debemos seguir trabajando en coordinación, utilizar más todos esos recursos y herramientas que ya existen y corregir las disfunciones de esos recursos. Porque no podemos aceptar que deriven en que se comprometa la vida de las personas".