El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía procedieron a la detención de los integrantes de una organización criminal asentada a lo largo de la geografía española que se dedicaba a la fabricación y posterior puesta a punto de embarcaciones de alta velocidad, las cuales eran empleadas para acudir a buques a alta mar para descargar sustancias estupefacientes e introducirlas en Galicia por vía marítima. La redada principal se produjo el miércoles 6 de abril y finalizó con la detención de 21 personas, 12 de ellas gallegas y la mayoría de O Salnés. Hasta ocho de los gallegos detenidos ingresaron en prisión.

Hay que recordar que en los últimos meses se frustraron al menos dos descargas de este tipo, que podrían estar relacionadas con la organización ahora desarticulada. La primera debido a que un accidente con el combustible calcinó una planeadora con tres motores frente a un astillero de Meira (Moaña). La segunda descarga ilegal se frustró porque la planeadora quedó atascada en el camión que la transportaba cuando se estaba botando al mar, en el muelle de San Adrián (Vilaboa). En esta segunda descarga frustrada acabaron detenidos los dos camioneros que transportaban la lancha recogida, presumiblemente, en Verín y fabricada en el norte de Portugal.

La operación conjunta, denominada 'Munari-Cundinamarca-Tulipán' desarticuló una organización asentada en la provincia de Pontevedra, pero que contaba con infraestructura en otras provincias como A Coruña, Salamanca, Madrid, Barcelona e incluso en Portugal. El dispositivo conjunto acabó con la realización de 22 detenciones de presuntos integrantes de la organización criminal. Los agentes accedieron a 27 domicilios y ubicaciones de seguridad empleadas por los investigados. Los registros se realizaron en las provincias de Pontevedra, A Coruña, Madrid, Salamanca y Barcelona. De igual modo, se efectuaron dos registros en Viana do Castelo y Valença do Minho (Portugal), contando para ello con la participación de la Policía Judiciaria lusa.

Las investigaciones realizadas permitieron a los cuerpos policiales identificar y estructural las funciones de los miembros de la organización criminal, que vendrían fabricando estas embarcaciones de alta velocidad en distintos lugares de la provincia de Pontevedra. Se trata de lanchas consideradas prohibidas y que eran dotadas del equipo necesario como los motores de alta potencia y decenas de garrafas de combustible para su uso por los narcotraficantes en otras ciudades.

Fuentes de la investigación aseguran que la organización contaba con miembros con una alta especialización tanto para la fabricación como la custodia y finalización de estas embarcaciones. Su botadura se realizaba en distintos puntos de la geografía nacional y eran empleadas incluso para transportar estupefacientes en la zona sur de España. Además de intervenir gran cantidad de efectos, se han localizado más de 20 narcolanchas de alta velocidad en diversos estados de finalización. Seis de ellas estaban en disposición de ser botadas de forma inminente para realizar importantes transportes de estupefacientes.

La operación ha sido desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia de la Agencia Tributaria, el EDOA de Pontevedra, ECO Galicia y GECO Galicia. Fue dirigida por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número cuatro de Cambados y por el Fiscal Especial Delegado Antidroga de la Provincia de Pontevedra.