La Audiencia Provincial ha condenado a sendas penas de cinco años y tres años y seis meses de prisión a dos policías locales de Torrevieja (Alicantedeclarados culpables por un jurado popular de pedir dinero a establecimientos comerciales de Torrevieja a cambio de protección para no ser sancionados con multas administrativas. Así figura en la sentencia notificada este miércoles por la Audiencia, donde además de los dos policías condenados por un delito de cohecho se condena también a un ciudadano serbio a le pena de tres años de prisión como cooperador necesario para la extorsión enjuiciada el pasado julio en el Palacio de Justicia de Elche.

Uno de los dos agentes, condenado a cinco años al ser considerado culpable de dos intentos de extorsión que fueron grabados por las víctimas, deberá pagar además una multa de 5.400 euros y también ha sido castigado con la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un tiempo de 12 años. Este fue el único de los cuatro policías que sumió su culpabilidad en el juicio, aunque lo achacó a sus problemas económicos y dependencias con las drogas, algo que no se ha estimado en la sentencia tras el veredicto del tribunal popular.

El segundo policía local declarado culpable ha sido condenado por cohecho a tres años y seis meses de prisión, multa de casi 3.800 euros e inhabilitación para empleo público durante diez años.

En el mismo fallo se acuerda la absolución de otros dos policías locales y de un joyero, que también estuvo acusado como cooperador del cohecho.

La sentencia notificada por la Sección VII de la Audiencia, con sede en Elche, no es firme y puede ser recurrida en el plazo de diez días ante el Tribunal Superior de Justicia. El fallo recoge que una vez que sea firme la sentencia se comunique la misma al jefe de la Policía Local correspondiente dada la condición de agentes de dos de los tres condenados.

Los hechos declarados probados en la sentencia conforme al veredicto emitido por un jurado popular se remontan al año 2017. Los dos policías locales ahora absueltos, destinados en el Grupo de Medio Ambiente, realizaron el 17 de agosto de 2017 una inspección en un restaurante chino de Torrevieja y levantaron varias actas por denuncias administrativas.

Un tercer agente, destinado en la sala de Comunicaciones y condenado ahora a cinco años, tuvo conocimiento de dichas actas y logró contactar con el marido de la dueña de dicho restaurante, sin que haya quedado acreditado que se hubiese puesto de acuerdo con sus dos compañeros y con un joyero para pedirle dinero. Este agente y el joyero absuelto acudieron el 23 de agosto a un restaurante de Orihuela Costa donde el policía local, que iba de paisano, se identificó ante el marido de la dueña del restaurante y con el fin de asustarle le dijo que tenía graves problemas y que podrían cerrarle el establecimiento. Todo ello para acabar pidiéndole la entrega de 40.000 euros para solucionar el problema, según se recoge en la sentencia.

El empresario chino no comprendía muy bien lo que ocurría y les propuso ir a otro restaurante chino de Torrevieja propiedad de un amigo que hablaba mejor el castellano. Allí, el agente le repitió la propuesta y al día siguiente, el 24 de agosto, acudió al restaurante de la mujer para recoger las copias de las actas de denuncia. Ese mismo día por la noche, según la sentencia, el agente siguió asustando al empresario chino cuando estaba con su familia en un circo y le reiteró que si no pagaba sus compañeros iban a realizar inspecciones en su local cada dos semanas y le iban a poner multas de entre ocho y diez mil euros. Al final acabó rebajando la 'mordida' de 40.000 a 8.000 euros para romper las denuncias y finalmente a 6.000 euros. El empresario no pagó el dinero exigido y además grabó la conversación con el agente.

Un hecho similar, por el que también se condena a un segundo agente, ocurrió en un parque infantil de Torrevieja. Los dos agentes condenados acordaron realizar una inspección con el fin de pedir luego dinero al marido de la dueña del establecimiento y aunque no levantaron actas de sanción sí se produjo el intento de extorsión.

Ocurrió en septiembre de 2017 y la Audiencia declara probado que el ciudadano serbio condenado colaboró diciéndole a la víctima que los policías querían cuatro o cinco mil euros a cambio de protección.

El empresario se reunió con el agente David y le grabó pidiéndole 5.000 euros para evitar una multa de 20.000.

La cifra fue rebajada a 2.000 euros, pero el empresario tampoco pagó el dinero y la Guardia Civil vigiló la última cita en la que se supone que la víctima iba a pagar mil euros al colaborador condenado.