La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana llevará a cabo próximamente reuniones con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y la consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura para valorar la propuesta inicial de reparto de agua para la próxima campaña de riego ante un escenario de sequía y escasez de agua en la zona occidental del Guadiana.

En este sentido, la intención de los dirigentes de la comunidad general con la CHG es analizar cómo se va a producir el reparto de agua para la campaña, así como para solicitar la actualización de los datos disponibles para recursos de riego. Mientras, en la reunión con responsables de la Junta pretenden avanzar en cómo y qué cultivos se regarán. Así, recuerdan desde la Comunidad General de Usuarios que tanto en las ordenanzas de las comunidades de regantes, como en el BOE del 16 de abril de 2015 de actuaciones en situaciones extraordinarias, debe ser la administración autonómica la que proponga las normas excepcionales de utilización de los recursos hidráulicos para el riego con relación a los cultivos de regadío. En este escenario de ajustes, los regantes del Canal de Orellana verían penalizada su asignación de agua para la zona regable atendiendo a las directrices recogidas en el Plan Hidrológico 2015-2021, un documento que plantea una reducción de la cuota proporcional al exceso de agua consumida en los últimos años.

Solo el 20%

Con esta medida los usuarios de las cuatro comunidades que integran la CGU del Canal de Orellana deberían hacer frente a una asignación máxima de 209 hectómetros cúbicos en vez de los 467 hectómetros cúbicos asignados por campaña. Tras realizar el reparto del recurso disponible para riego, actualmente a la CGU se le asignan 94 hectómetros cúbicos para la próxima campaña, lo que supone un 20% del total de su dotación. Ante esta situación, la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana muestra su rechazo a la propuesta inicial de reparto de agua. En este sentido, Miguel Leal, presidente de la CGU del Canal de Orellana, aboga por buscar la solución «menos dañina para nuestros regantes y por ende para la economía de más de una treintena de pueblos que viven de la agricultura de regadío». En la comarca de las Vegas Altas se concentran 60.000 hectáreas de regadío con más de 6.000 agricultores. Por ello, recalca Leal, «es necesario un consenso» y analizar en profundidad las posibles secuelas que podría generar la aplicación de esta penalización.