Vivares, con 700 habitantes en la provincia de Badajoz, se ha convertido en la primera localidad de España en tener un censo de amianto de las cubiertas de todas sus viviendas. De esta forma, cualquier vecino de la localidad podrá acudir al consistorio para localizar el amianto de su bien inmueble, según ha informado el ayuntamiento en una nota.

La plataforma mediante la que se ha elaborado el censo recibe el nombre de GEMA (Geolocalización Espacial de Materiales con Amianto), basada en la aplicación de algoritmos de clasificación sobre imágenes aéreas. Esta herramienta es capaz de geolocalizar, con un alto nivel de precisión contrastado en pruebas de campo, las cubiertas de fibrocemento con amianto, clasificándolas según su antigüedad y áreas de influencia. Además, la plataforma es un sistema de información georreferenciado donde se almacena y explota toda la información relativa a las cubiertas localizadas.

GEMA ha permitido al Ayuntamiento de Vivares el control y seguimiento de todos los edificios públicos y privados con cubiertas con amianto. De esta forma, en un futuro no muy lejano, aseguran que el consistorio podrá poner en marcha planes de acción para la sustitución progresiva de cubiertas con amianto, pudiendo priorizar aquellas más antiguas o sensibles, como las que se encuentran en el centro de educación infantil, el colegio o el consultorio médico. Además, conociendo la superficie total de cubiertas con amianto, el ayuntamiento podrá reservar la cantidad de presupuesto necesario para su sustitución en edificios públicos o para convocar las ayudas necesarias en el caso de edificios privados.

El amianto fue ampliamente utilizado en España en la construcción a partir de los años 40, con el nivel de uso más alto en la década de los 70, continuando su uso más concreto hasta el año 2001, en el que se prohibió totalmente su producción, uso y comercialización.

La futura nueva ley de residuos y suelos contaminados que prepara el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se encuentra en tramitación parlamentaria, obligará a todos los ayuntamientos españoles a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto antes del 1 de enero de 2023 y un calendario que planifique su retirada antes de 2028.