El Ministerio para la Transición Ecológica ha empezado esta semana a enviar agua del Tajo a las provincias de Alicante y Murcia a razón de 16 m³ por segundo (pruebas iniciales), lo que pone fin a seis meses de angustia para el sector agrícola, que comenzaba a ver amenazado su futuro, pese al balón de oxígeno que han supuesto las últimas lluvias.
La ministra, Teresa Ribera, aprovechó el lunes el simbolismo del Dia Mundial del Agua para reabrir el trasvase y empezar a devolver, así, los 138 hectómetros cúbicos que siguen pendientes de trasvasar desde el pasado octubre. Es un envío clave ante una primavera que arrancó el pasado sábado y que se presenta muy seca y calurosa. De ahí que el Tajo-Segura vuelva a ser clave y estratégico para la industria agroalimentaria.
El trasvase llevaba cerrado desde septiembre de 2020 por unas fugas en el embalse regulador de la Bujeda, lo que había despertado todo tipo de suspicacias, dado el carácter ‘anti trasvasista’ del Ministerio para la Transición Ecológica, partidario de buscar otras fuentes de suministro.
La reapertura del trasvase coincide con el buen nivel de reservas en los embalses de Entrepeñas y Buendía (900 hm3), lo que va a posibilitar, si no se producen incidentes en forma de roturas, que Alicante y Murcia no tengan problemas de abastecimiento hídrico en todo el año. Los 138 hm³ que restan por llegar lo pueden hacer, por ley, hasta octubre, cuando finaliza el año hidrológico.
Reducción del caudal previsto
Pero como nunca termina de salir el sol para los agricultores, al mismo tiempo que se abría el grifo del trasvase, el Ministerio convocaba para el próximo lunes al Consejo Nacional del Agua en una reunión en la que se votará la reforma de la normas de explotación del trasvase para reducir el envio máximo mensual de 38 hm³ a 27 hm³. Es una apuesta de la propia vicepresidenta Ribera, que ha indignado al campo. Una decisión, sin embargo, que apoya el Gobierno de Castilla-La Mancha, empeñado en el cierre del trasvase y su sustitución por el agua que producen las desaladoras, ocho veces más cara.
Pero los agricultores están encendidos. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura: «La ministra Ribera sigue el guión que en su día marcó la también socialista Cristina Narbona y que no es otro que acabar con el trasvase del Tajo y sustituirlo con agua desalada, y eso es lo que se va a dar validez en el Consejo Nacional del Agua, en el que los agricultores vamos a votar no a la reducción del trasvase”.
“No hay ninguna razón técnica ni ambiental que avale el recorte. La única razón de la ministra es contentar a uno de los barones del partido, García-Page en Castilla-La Mancha. Alicante, Murcia y Almería le importan un comino», señala Jiménez.
Similar opinión es la de Ángel Urbina, presidente de la sociedad agraria San Enrique, en Elche, quien pidió colaboración a los «representantes de la Comunidad Valenciana en el Consejo Nacional del Agua. Todos los regantes de España van a votar en contra de cambiar las normas de explotación del trasvase, pero no me fío nada del Ministerio».
La reducción de un 28% (24 hm3) de los aportes de agua del trasvase Tajo-Segura durante el año pasado provocó, por ejemplo, que la Mancomunidad de Canales del Taibilla (órgano gestor que abarca las autonomías de Castilla-La Mancha, Alicante y Murcia) tuviera que incrementar en un 75% la compra de agua desalada, bien en la planta de Torrevieja (18 hm3) o en las plantas propias de Aguamarga (61hm3), para garantizar el abastecimiento urbano.
En total, la Mancomunidad utilizó un total de 197 hm3,. de los que 80 hm3 fueron agua desalada, 62 hm3 del trasvase, 155 hm3 del río Taibilla. La Mancomunidad abastece de agua potable a 34 municipios de Murcia y de la provincia de Alicante que, de momento, no han subido el recibo del agua pese a que el precio del caudal desalado es más caro.
Por otro lado, la Mancomunidad tiene previsto invertir en los próximos 10 años un total de 380 millones de euros para reducir el gasto energético, digitalizar la red y evitar fugas de agua en sus canalizaciones. El objetivo es haber reducido en 2030 un 40% la emisiones de carbono.
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