Noemí trabaja desde hace 30 años para una misma familia en distintas casas. Está contratada en el régimen especial de empleadas de hogar. Esta semana está de vacaciones, a las que tiene derecho, pero si la despidieran no tendría paro, pese a estar contratada legalmente. Una discriminación histórica que tiene fecha de caducidad. Esta tarde el Congreso vota para igualar a estas trabajadoras con el resto. Persiguen este objetivo desde hace diez años, cuando se aprobó la ley de trabajadoras del hogar, pero no incluyó el convenio de la OIT que recoge todos los derechos del servicio doméstico. Hay más de medio millón de empleadas de hogar. 420.000 mejorarán sus condiciones, pero el resto seguirán trabajando en la economía sumergida sin ningún derecho.