Renfe comenzó ayer a adaptar su estructura a la futura división en dos empresas públicas con la creación de varias direcciones generales y áreas organizativas. Los nuevos altos cargos se encargarán de conducir el proceso de transición que desembocará en la escisión de Renfe el próximo 1 de enero para ajustarse a la liberalización ferroviaria.
El esquema elegido por el Gobierno para afrontar esta liberalización prevé la división en dos entidades. Por un lado, el nuevo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), al que se traspasarán todos los negocios, salvo los relativos al transporte de viajeros y mercancías y mantenimiento de trenes. Estos permanecerán en manos de la nueva Renfe Operadora, que deberá competir con las empresas privadas que aparezcan en el mercado del sector.
De ese modo, quedarán claramente separadas la gestión de las infraestructuras ferroviarias y la prestación del servicio de transporte en tren.
NUEVO ESQUEMA Como "primer paso para asegurar una transición ordenada", el consejo de administración acordó fijar cinco direcciones generales operativas. Las de mantenimiento de infraestructuras y servicios a operadores ferroviarios quedarán encuadradas, junto con el actual GIF, en la futura Adif. La empresa Renfe Operadora contará con las de cercanías y regionales, alta velocidad y mercancías y mantenimiento.
Fuentes del sector estiman que la plantilla de Renfe, integrada por 30.000 trabajadores, podría quedar reducida a la mitad como consecuencia de la reestructuración. Según dichos cálculos, al menos 15.000 personas pasarían a formar parte del nuevo Adif para ocuparse de la gestión ferroviaria. Sin embargo, según otros cálculos, esa cifra podría elevarse hasta 19.200 cuando se decida dónde quedarán encuadradas algunas parcelas de Renfe, como los sistemas informáticos, los servicios médicos, la dirección corporativa y el servicio de información y venta de billetes.
