Juan Manuel Inciarte Gallardo, presunto miembro del comando Vizcaya en los años 80, ingresó ayer en prisión tras ser detenido en el aeropuerto de Barajas y declarar ante el juez Baltasar Garzón. El etarra, de 55 años, fue expulsado de México. Inciarte no era un simple colaborador de la banda, sino uno de los ejecutores de los asesinatos de cinco agentes de la Policía Nacional y de la esposa de uno de ellos entre 1983 y 1985. Casi de forma simultánea a este arresto, el Tribunal Supremo de Venezuela corroboró su negativa a extraditar a Ignacio Echevarría, otro presunto miembro de ETA al que se le imputa un intento de asesinato, porque considera que el delito ha prescrito.

LLAMADA DE ALARMA Una llamada anónima dio la alarma en México: un ciudadano español podía estar residiendo en el país ilegalmente. Tras verificar su identidad, se comprobó que se trataba de Inciarte, un etarra sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión con fecha de 30 de julio de 1991. El arrestado fue uno de los protagonistas de la década más sangrienta de la organización. Según explicó Garzón, en 1983 asesinó, en el bilbaíno barrio de Santutxu, a los policías nacionales Julio Segarra Blanco y Pedro Barquero González, y a la esposa embarazada de este último. No tuvo piedad. Junto a otros tres etarras, intentó secuestrar a Segarra. Minutos después aparecieron Barquero y su mujer. Los terroristas no quisieron dejar testigos y dispararon contra los tres.

En el verano de 1984, segó la vida del guardia civil Antonio Torrón en Portugalete y al año siguiente mató en Getxo de dos tiros al inspector de la policía Moisés Cosme Herrero mientras paseaba con su hijo de 3 años un domingo de mayo. Tres semanas más tarde asesinó de la misma manera al guardia civil Eugenio Recio García, en Santurce, cuando este se dirigía a su trabajo. El etarra huyó a Nicaragua en 1986, donde hizo una vida normal utilizando documentación falsa. Se sospecha que vivía en la capital mexicana desde 1996.

PETICION "IMPROCEDENTE" El caso de Inciarte contrasta con el de Echevarría. El Tribunal Supremo de Venezuela consideró ayer "improcedente" la petición del Gobierno español de extraditar a este etarra acusado por la Fiscalía General del Estado de intentar asesinar a una periodista de La Gaceta del Norte en 1981.

Según la legislación venezolana, el delito ha prescrito, al haber transcurrido más de 15 años desde el último auto de procesamiento contra Echevarría, que data del 22 de noviembre de 1993. El país suramericano informó, además, que tan solo corresponde la "inmediata" puesta en libertad del etarra.