La comisión de Interior del Senado aprobó ayer varias enmiendas que, en opinión del Partido Popular, contribuyen a dar más "seguridad jurídica" a los conductores pero que pueden poner en riesgo una medida que se ha demostrado válida para reducir los accidentes de tráfico: la extensión de los radares. En virtud del acuerdo alcanzado por los diversos grupos políticos en la Cámara alta, los propietarios de los vehículos únicamente estarán obligados a identificar al conductor que cometió la infracción si "conocieran la identidad del mismo". Por tanto, si este acuerdo llegase aprobarse cuando la ley vuelva al Congreso de los Diputados, muchos infractores podrán escudarse en que no saben quien conducía su vehículo para no pagar las multas ni perder los puntos del carnet correspondientes.

El portavoz del PSOE, Paco Jiménez Araya (senador por Badajoz), se mostró ayer "sorprendido" de que grupos como el PNV, CiU o Coalición Canaria apoyasen enmiendas que rechazaron antes en el Congreso.

RECURSO DE ALZADA Por ejemplo, CiU respaldó ayer la enmienda popular favorable a que se mantenga el recurso de alzada --último pleito que se puede interponer ante la Dirección General de Tráfico y que puede alargar la ejecución de la sanción más de dos años-- mientras en el Congreso votó en contra. El senador convergente Josep Maldonado defendió su voto con el argumento de que el ciudadano no puede perder un instrumento básico para su defensa.

Sin embargo, la conservación del recurso de alzada pone en riesgo uno de los objetivos de la nueva ley: reducir los plazos para evitar que aquellos conductores que pretendan sortear el sistema lo tengan más difícil. Hay que tener en cuenta que el 95% de los recursos son favorables para la Administración.

Actualmente se da la paradoja de que los conductores que presentan una tasa de alcoholemia considerada delito son castigados en una semana gracias a los juicios rápidos, mientras que aquellos con tasas menores de alcohol en sangre tienen su crédito intacto como mínimo los cinco meses que la Administración tarda en retirar los puntos, una situación de impunidad que la ley trata de corregir.

PRONTO PAGO Otra de las enmiendas aprobadas en el Senado permite a los infractores acogerse al 50% de reducción de las multas si pagan antes de 15 días. También permite recurrir las multas, lo que retrae a la situación del 2001, dado que la ley del carnet por puntos no permitía alegar en estos casos.

La ley tiene que pasar todavía por el pleno del Senado y volver al Congreso para su ratificación. Y el senador socialista Jiménez advirtió de que negociará con el resto de partidos hasta el último momento para que lo aprobado ayer en la comisión no sea llevado finalmente a la práctica.