El cacereño Juan Carlos Caso, afectado con una discapacidad visual, ha denunciado la “inacción” del Ayuntamiento en la mejora de accesibilidad en la calle Alzapiernas, tras las polémicas obras para instalar unas escaleras mecánicas, ha puesto el caso en manos de un bufete de abogados y pide que la Dirección General de Accesibilidad (DGA) “actúe como autoridad sancionadora”.

Caso, portavoz y secretario de la Agrupación Vecinal de Cáceres hasta su dimisión el pasado mes de noviembre, ha denunciado que el alcalde, Luis Salaya, no tiene ninguna intención de corregir las irregularidades legales de la obra de Alzapiernas y su entorno, una obra que aprobó el anterior ejecutivo de Elena Nevado.

El pasado mes de enero, el consistorio hizo público un informe solicitado a la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEx), que estipulaba que la obra ha “empeorado la accesibilidad que tenía la anterior disposición de la vía”, si bien reconoce que “no existe la accesibilidad universal en esa calle”.

Una obra que tuvo un coste superior a los 400.000 euros, se demoró durante varios meses y provocó manifestaciones en contra de los industriales de la zona.

Caso ha recordado que hay “informes exhaustivos de la DGA y OTAEx” sobre la “enorme chapuza urbanística de la escalera mecánica que no cumple con los parámetros de calidad ISO”.

Tras conocerse el informe de la OTAEx, Salaya valoró la opción de realizar “una intervención menor” para mejorar la accesibilidad y que no existiese ningún problema con la financiación europea.

Caso ha advertido en un escrito remitido al Ayuntamiento que la obra supone “un riesgo para la seguridad ciudadana” y que el consistorio se enfrenta a una “posible sanción de la Administración regional de hasta 300.000 euros; administración a la que “pedí amparo e intervención, a través de la DGA”.

En el escrito, Caso puntualiza que “no se ha contemplado ni un céntimo en los presupuestos municipales de 2020” para acometer reformas en Alzapiernas. Por lo que el afectado se reserva acciones legales por el incumplimiento sobre la legislación vigente en materia de accesibilidad.

Igualmente, en su condición de persona con discapacidad, insta a la DGA a incoar expediente sancionador contra el Ayuntamiento “por incumplimiento grave de los requerimientos formulados por la DGA” en un informe (de octubre de 2019), donde apuntaba que la reforma de Alzapiernas “no cumple con la legalidad en la materia, y se debe corregir en cuanto sea posible”.