Agua sucia en Cáceres

Esta semana se ha conocido la sanción que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha impuesto al Ayuntamiento de Cáceres por el vertido de agua residual al Guadiloba, procedente de la estación de tratamiento del Marco, y al arroyo del Junquillo, de agua tratada en la depuradora de Las Capellanías. Son tres expedientes. Nada nuevo porque hay antecedentes de multas anteriores por los mismos motivos. Tal vez la novedad es que no se aplique una moratoria en la imposición de sanciones porque la misma administración que multa con expedientes iniciados en 2021 es la que debe dar una solución al problema del agua residual de la ciudad. Y esto tampoco es nuevo, ya que desde el año 2015 está sobre la mesa una alternativa que por ahora no pasa de solo un anteproyecto.

El caso más grave es el de las dos pequeñas depuradoras que aún están en funcionamiento en la cuenca oeste de la ciudad, una en la carretera de Malpartida y la otra detrás del polígono industrial de Las Capellanías. Y es grave porque ambas están dando problemas desde su inauguración hace ahora casi veinte años. En especial la primera de las dos. 

La estación de la carretera de Malpartida se construyó para dar servicio a los barrios del Junquillo, Cabezarrubia, Vivero, Castellanos y Macondo. Pero en la mayoría de los análisis que se han hecho del agua que sale de la misma, el resultado es el mismo: incumple con los límites máximos en la emisión de sólidos en suspensión y en otros parámetros de contaminación. En el año 2011, cuando en la corporación presidida por Carmen Heras se quiso pedir responsabilidades por esta estación de tratamiento, que se había inaugurado en 2003, se concluyó que «no puede alcanzar rendimientos» en la eliminación de la contaminación del agua residual superiores al 60% porque «el sistema empleado no es adecuado para aguas residuales urbanas». En 2013, el TSJ de Madrid ratificó que el ayuntamiento tendría que pagar un canon de vertido superior por la misma. Al final no se pidió responsabilidades a nadie por esta obra e inversión pública que no sirvió para el fin para la que fue proyectada.

El anteproyecto para dar otro tratamiento a las aguas residuales de la ciudad da una solución: elimina ambas estaciones para la depuración del agua y canaliza todo el tratamiento en la estación principal, la del Marco, en la carretera de Monroy, que se amplía con una mayor capacidad para la depuración.

Pero desde que en 2020 se conoció el anteproyecto y el pleno de la corporación de Cáceres dio su conformidad al mismo en diciembre de ese año, nada más se ha habido de este plan millonario, la ejecución material se calcula en 60 millones de euros. Y si en siete años se ha hecho muy poco, nada hace pensar, y más ahora con el déficit público, que en los próximos siete años habrá muchas novedades, salvo las nuevas sanciones que la Confederación Hidrográfica del Tajo siga imponiendo al ayuntamiento, que, de momento, no paga, sino que ha decidido interponer un recurso contencioso contra las multas con el argumento de que la solución está en un anteproyecto que se debe convertir en proyecto y después en adjudicación de las obras. Otra cuestión administrativa, una más, que se acaba judicializando.