El juez de Instrucción número 13 de Madrid, Hermenegildo Barrera, ha optado por empezar la investigación del episodio de la "operación Cataluña" denunciado por el expresidente del Barcelona Sandro Rosell con su declaración. Según la providencia a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, el próximo 10 de mayo el empresario tendrá ocasión de explicar de primera mano al magistrado los hechos contenidos en la querella que interpuso en relación con la investigación que le llevó a estar dos años en prisión por un procedimiento judicial en el que acabó siendo absuelto.

Su querella por la presunta participación, entre otros, del excomisario José Manuel Villarejo en la "operación Cataluña", ha sido la primera en ser admitida a trámite. Las otras cuatro presentadas por la presunta investigación parapolicial sin control judicial destinada a sacar los trapos sucios de los dirigentes independentistas catalanes que se atribuye al Gobierno del PP aún no lo han sido. Las interpuestas por Jean Paul Miquel (Banca Privada d'Andorra -BPA-), el exjefe de la Policía en Catalunya Narciso Ortega, la familia Sumarroca y el 'exconseller' Jaume Giró, aún se encuentran a la espera de que se pronuncie la fiscalía o, incluso, sean repartidas al juzgado que corresponda.

El juez Barrera todavía no ha puesto fecha para que declare el principal imputado de las cloacas policiales que se atribuyen al Gobierno de Mariano Rajoy o el resto de querellados por el empresario, que se basó en informaciones de este diario en las se daba cuenta de las veces que era mencionado en la agenda y las grabaciones de Villarejo. Ha optado por citar al propio Rosell, como perjudicado, hacerle un ofrecimiento de acciones en esa condición y pedirle aclaración sobre los hechos que atribuye a cada querellado.

La suya es la primera querella sobre la "Operación Cataluña" que ha contado con el aval de la Fiscalía. Hasta ese momento la posición del ministerio público había sido contraria a investigarla, al entender que los hechos presuntamente delictivos nunca fueron judicializados y los que lo fueron entraban dentro de la actuación habitual policial. Por eso en la treintena de causas seguidas contra Villarejo en la Audiencia Nacional no figura ninguna con ese nombre y la más próxima, la relativa a los registros de la empresa de detectives Método 3, fuera archivada.

De hecho el primer intento de judicializar las referencias que aparecían a Rosell en la agenda que llevaba Villarejo con todas sus conversaciones y actividades fue rechazado primero en la Audiencia Nacional y luego por los juzgados de Barcelona. La querella admitida por los de Madrid considera que se cometieron los delitos de organización criminal, denuncia falsa, detención ilegal y falsedad en documento oficial por parte de funcionario público; se dirige contra los supuestos integrantes de la 'cloaca policial' del PP y contra un exmiembro del FBI en España, Marc L. Varri, que dentro de la "pperación Cataluña", presuntamente urdieron un plan para iniciar una investigación en su contra.

Villarejo, responsable

La querella recuerda que el propio Villarejo reconoció haber sido responsable de lo que denominó 'Proyecto Barna' u "Operación Cataluña". Se basa en las maniobras que llevaron a cabo los integrantes del calificado por la Fiscalía Anticorrupción como "clan policial mafioso", liderado por Villarejo, contra el presidente del club catalán.

También se apoya en diversos fragmentos sonoros grabados por el ex mando policial, difundidos por el diario digital 'El Mon', que evidencian que la actual senadora del PP Alicia Sánchez-Camacho reclamó al ex mando policial que investigara a Rosell.

No está Sánchez-Camacho

El abogado del empresario catalán, el abogado Pau Molins, no ha incluido "de momento" como querellada a la senadora, que como tal está aforada ante el Tribunal Supremo, aunque considera que uno de los audios del comisario la "incrimina directamente".

La querella sostiene, además, que pese a que Rosell no ejercía en 2012 ningún cargo público, ni militaba en ningún partido alguno, los responsables de las 'cloacas' le consideraban cercano al independentismo. "Esta circunstancia, unida a la indudable relevancia social del Barcelona, puso al querellante en el punto de mira de dicho entramado delictivo", prosigue.

También cita un audio para asegurar que Sánchez-Camacho destacó que la familia de Rosell era "una de las fundadoras del partido Convergència Democrática de Catalunya (CDC), junto con las familias Pujol y Sumarroca, y que fueron estas personas quienes habrían le habrían 'colocado' al frente de la entidad deportiva azulgrana".

Manos Limpias

El abogado sostiene que habrían participado en la investigación parapolicial contra Rosell, además, los responsables del pseudosindicato Manos Limpias, cuyos directivos interpusieron una querella contra el expresidente del Barça por el fichaje del jugador brasileño Neymar Jr.

En mayo de 2014, según el escritoel comisario jubilado contactó con el agente enlace del FBI en España Marc L. Varri, con quien mantenía "una larga y estrecha relación". Se reunieron en varias ocasiones y en una participó el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino.

"Según las referidas noticias de prensa, en dichos encuentros se habría acordado activar -o, en todo caso, aprovechar- un supuesto requerimiento de información remitido desde Estados Unidos a España en relación con el denominado asunto 'Fifagate', de corrupción en el mundo del fútbol, que serviría como pretexto para iniciar una investigación policial por las autoridades españolas respecto de Rosell en relación con asuntos que nada tenían que ver", destaca la querella.

Ni vino al juicio

Esta investigación procedente de Estados Unidos estaría, según las acciones legales, en el origen de la abierta en España, que permitió el ingreso en prisión de Rosell. "Marc L. Varri intervino personalmente en algunas de las diligencias que se llevaron a cabo a resultas de la citada investigación [...], aunque, sospechosamente, no en las relacionadas con Rosell. De hecho, habiendo sido formalmente citado a declarar como testigo en el juicio de Rosell, no se dignó a comparecer y ni tan siquiera justificó su ausencia", prosigue.

La querella reproduce que según la versión de los hechos expuesta públicamente por Villarejo, la magistrada Carmen Lamela, que instruyó el caso contra Rosell en la Audiencia Nacional, habría aceptado investigar y encarcelarle a cambio de ser promocionada al Tribunal Supremo.