Un 82% de concejales no cobrarán si sale adelante la reforma del Gobierno

El ministro Cristóbal Montoro subrayó la importancia del proyecto y la necesidad de profundizar en las negociaciones en las Cortes, porque el proyecto afecta a la "arquitectura institucional del Estado".

Uno de los objetivos de la reforma es clarificar competencias municipales, pero también reforzar el control financiero y presupuestario sobre los municipios y racionalizar la estructura local, de la que desaparecerán todas aquellas entidades que no cumplan unos mínimos de eficiencia.

Montoro aclaró que no desaparecerán ayuntamientos, pero que dejarán de prestar sus competencias cuando no sean eficientes. Además, el Gobierno alentará la concentración de servicios en las diputaciones, porque cree que puede generar ahorros, así como la fusión de localidades.

RETRIBUCIONES El Ejecutivo central mantiene el anuncio inicial de que los alcaldes de las poblaciones mayores no podrán cobrar más que un secretario de Estado, si bien este sueldo puede llegar a los cien mil euros (sueldo base más complementos) y que será el límite para los municipios de más de 500.000 habitantes: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Valencia.

Por debajo, de 300.000 a 500.000 habitantes, el máximo será de 90.000 euros; de 150.000 a 300.000 vecinos, se cobrará como máximo unos 80.000 euros (en el caso extremeño únicamente afecta al alcalde de Badajoz). Por debajo de aquí, por ejemplo, en los de 20.000 a 50.000, unos 65.000 euros; y en los de mil a dos mil, unos 20.000 euros de máximo. Por debajo de esa población, no habrá sueldo, que en el caso de Extremadura son la mayoría de municipios.

Montoro explicó que el Gobierno finalmente no reducirá el número de concejales, sino el de aquellos con retribución, una opción que "ahorra mucho más". El objetivo, dijo, es impulsar la participación en política "y si esa participación es voluntaria, mejor".

Así, de los 68.285 concejales, 12.188 (el 18%) podrán tener dedicación exclusiva y cobrar. En Madrid podrán cobrar 45 (son 57) y en Barcelona, 32 (son 41). De 700.000 a un millón, serán 25 los concejales con retribución, y de ahí hacia abajo. Por ejemplo, de 50.000 a 100.000 vecinos, cobrarán 15 ediles (este sería el caso de Cáceres y Mérida); y de 10.000 a 15.000 habitantes, lo harán 5.

También se limitarán los sueldos de los presidentes de diputación, que podrán cobrar como máximo, incluidos todos los conceptos retributivos y la asistencia, lo que el alcalde de la corporación más poblada de su provincia.

MENOS EVENTUALES Otra de las medidas previstas es reducir el número de contratados eventuales que puede tener un municipio, el personal que entra y sale de los ayuntamientos generalmente con el cambio de gobierno local.

Ahora, se reduce a 6.489 el número total de asesores. En los ayuntamientos mayores de 500.000 habitantes, no podrán superar el equivalente al 0,7% de la plantilla municipal; en los de 75.000 a 500.000, no podrá haber más asesores que concejales (en este supuesto estarían Badajoz y Cáceres); en los de 50.000 a 75.000, no más que la mitad de los concejales (afectaría a Mérida); y por debajo de estas poblaciones, sólo se podrá contratar a 7, dos o un asesor (pueblos de 5.000 a 10.000 vecinos).

En las diputaciones, el personal eventual no podrá superar la mitad del número de diputados o miembros electos. En el resto de entidades locales, o de sus organismos dependientes, no habrá personal eventual.

COMPETENCIAS La reforma define con precisión la lista de competencias que deben ser desarrolladas por la administración local. Estas tendrán unas competencias obligatorias y unos servicios mínimos que prestar. Se busca así, según el ministro, que desaparezcan las llamadas competencias impropias, aquellas que han venido ejerciendo los ayuntamientos pese a ser de titularidad autonómica. Si la comunidad quiere que los ayuntamientos presenten un servicio que le compete, deberá garantizar su financiación.

En el informe se fija que las competencias de Educación y Sanidad serán exclusivas de las comunidades.