La Junta de Extremadura abonará a los 48.000 funcionarios extremeños la parte devengada de la paga extraordinaria que les fue retirada en diciembre de 2012 pese a las amenazas del Ejecutivo central de acudir a los tribunales. El Consejero de Administración Pública, Pedro Nevado-Batalla, confirmó ayer que el Ejecutivo autonómico "sigue adelante" con la medida, que le supondrá 20 millones de euros, después de que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunciara horas antes que el Gobierno recurrirá la devolución de la extra anunciada por Extremadura y Castilla y León. Nevado-Batalla justificó la decisión de la Junta en que cumple la legislación y en que ya varias sentencias judiciales, tanto dentro como fuera de la región, han respaldado la devolución del devengo de los 44 días que van del 1 de junio al 15 de julio, cuando se aprobó el decreto estatal.
Beteta indicó ayer que hasta que el Tribunal Constitucional (TC) no se pronuncie al respecto, la extra de diciembre de 2012 está suprimida por una norma que es de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas. "En consecuencia, no podrá abonarse", afirmó el secretario de Estado, que ha incidido en que las acciones unilaterales que cualquier administración lleve a cabo en este sentido será recurrida. Beteta aseguró que el Gobierno sabe de los procesos judiciales abiertos al respecto, pero insistió en que hasta que no haya un pronunciamiento judicial que determine la exigencia de adoptar cualquier medida, deberá mantenerse vigente lo establecido en el real decreto ley 20/2012.
Sin referirse a ninguna comunidad expresamente, el secretario hizo esta advertencia a todas las administraciones públicas después de que en los últimos días, los gobiernos de Extremadura y Castilla y León hayan anunciado la devolución de parte de la extra suprimida.
El consejero ha señalado que desde el Gobierno regional se respeta la opinión de Beteta, pero ha insistido en que existen razones que avalan "de manera sobrada" su decisión de efectuar el abono del devengo, que no la paga extraordinaria en su totalidad, en los próximos días. "Creo que el secretario de Estado se ha referido más a la paga extra en su conjunto, no a los 44 días desde el 1 de junio hasta el 14 de julio", subrayó el consejero, que vaticina que con el pago de los mismos no se incumple el real decreto estatal, ya que éste entró en vigor el 15 de julio.
MUY MEDITADONevado-Batalla ha insistido en que se trata de una decisión "muy meditada", tanto desde el punto de vista jurídico como económico, después de valorar las resoluciones de los tribunales reconociendo este derecho y la posibilidad de la Junta de hacer este "esfuerzo". El titular de Administración Pública ha señalado que el pago del devengo supone además "un reconocimiento y dignificación del empleo público" y ha destacado que adelantándose a los acontecimientos, el Gobierno regional evita una avalancha de reclamaciones individuales en los tribunales.
Aunque la Junta todavía desconoce las medidas que podría tomar el Gobierno, Nevado-Batalla ha reconocido que si se interpone un recurso ante el Tribunal Constitucional, la medida "se suspende automáticamente". Cuestionado por la posibilidad de que los funcionarios tuvieran que devolver el dinero una vez abonado, ha confiado en que eso no suceda y ha defendido de nuevo que la decisión de la Junta es "sólida y jurídicamente conformada".
Tras conocerse el anuncio del Ejecutivo central, los tres grupos de la oposición se han posicionado de lado de la Junta con una contundente respuesta. El PSOE, IU y PrexCrex sostienen que el abono de la extra es "un derecho de los funcionarios" y han aludido igualmente a las sentencias que ya dan la razón a los trabajadores que han reclamado, fallos que, han destacado, también hay que cumplir.
