Los empleados públicos de la Junta recibirán en sus nóminas del próximo mes de abril el 70% de la cantidad que les corresponde por el devengo de los 44 días cotizados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, antes de que el abono de la extra de diciembre fuera suspendido por la Administración del Estado. Así se acordó ayer en la Mesa General de la Función Pública celebrada en Mérida, cuyo único punto del día fue el calendario de abono de esos 44 días. Este anunció supondrá para la Administración un desembolso de algo menos de 14,5 millones de euros, mientras que el 30% restante (algo más de seis millones de euros) serán liquidados en la nómina del mes de enero del 2015. El acuerdo supone un abono total de 20,6 millones de euros a 48.000 empleados públicos de los tres ámbitos (Administración General, docentes y SES).
Al finalizar la reunión, el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, agradeció a los sindicatos el tono de la negociación "y la muestra de responsabilidad que han hecho para dar una imagen de unidad y fortaleza respecto de la defensa de los derechos de los empleados públicos y la colaboración con el Gobierno para cumplir con uno de sus compromisos". El acuerdo, dijo, "refrenda el compromiso" de la Junta por abonar esos 44 días antes de que se fundamenten por parte de los tribunales recursos particulares y colectivos.
Los sindicatos, por su parte, se muestran satisfechos en general con el acuerdo. El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José Ignacio Luis Cansado, asegura que es "razonable" y "equilibrado", aunque "evidentemente no responde a las pretensiones iniciales" de su sindicato. Recordó que su primera propuesta era que "se abonara en abril la total de las cantidades que se habían retenido" como consecuencia de un decreto del Gobierno que era de aplicación "en el ámbito de las administraciones públicas". No obstante, tras una "dura y ardua negociación", según Cansado, las partes han ido "cediendo por un interés general" y ante "la dificultad presupuestaria que tenía el Gobierno para hacerlo efectivo (el pago)".
Por su parte, la portavoz del Area Pública de CCOO, Marisol Salazar, consideró que este acuerdo es "un poco agridulce", al tiempo que añadió que también "en un escenario de negociación es necesario que las partes cedan en alguna de sus pretensiones". Desde CSIF, el presidente autonómico, Benito Román, señaló que con el acuerdo alcanzado "se comienza a hacer justicia ante una injusticia como fue la eliminación de la paga extra del 2012", y destacó que la extremeña es la "primera" comunidad "donde se llega a un acuerdo para que se haga efectivo el devengo de los 44 días".
Según Benito, el citado devengo "no es una dádiva" que "se le da a los empleados públicos", sino que "es un devengo que los empleados públicos a través de las distintas sentencias han ganado. Tras este acuerdo, CSIF considera debe ser ya un punto de inflexión a los distintos recortes que se están llevando a cabo dentro del sector de los empleados públicos y "se debe de comenzar cuanto antes con la restitución de los derechos que están perdiendo".
Por su parte, ANPE Extremadura se congratula también del pago parcial de los 44 días de extra aunque considera que éste debiera haber sido íntegro en abril. Según Antonio Vera Becerra, presidente autonómico del sindicato de docentes, "nos parece correcto que la Administración haga extensiva a todos los empleados públicos de la comunidad los pronunciamientos judiciales, a favor, que entre otros sindicatos, ANPE, también ha ganado en varias comunidades, que reconocen el derecho a percibir esos 44 días.
Mientras, PIDE considera insuficiente el acuerdo de ayer porque "traiciona a los empleados públicos al no contemplar los intereses generados desde hace dos años y al fraccionar el pago de los 44 días devengados de la paga extra de diciembre de 2012 en dos pagos". Este sindicato recuerda que después de ganar cinco sentencias del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Mérida solicitó por registro al Gobierno que las sentencias favorables se hicieran extensibles a todos los empleados públicos de Extremadura.
