Lo que no se puede hacer es retorcer el sentido de la palabra accesibilidad para, al fin y al cabo, impedir la libre competencia y defender solo los intereses de las gasolineras tradicionales. Y quienes lo van a pagar son los consumidores, porque está demostrado que el ahorro es de unos 300 euros al año si se hace uso de nuestras instalaciones», sentencia Manuel Jiménez, abogado y presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae). «Nosotros no estamos en contra de la accesibilidad, pero es que esta se entiende en la ley como eliminación de barreras y no como ayuda complementaria. Y si las personas con movilidad reducida pueden subirse y bajarse del vehículo, la estación de servicio tanto automática como en autoservicio debe ser accesible en el sentido de que puedan repostar y pagar sin necesidad de asistencia», añade Jiménez.

Hace estas declaraciones como consecuencia del nuevo Estatuo de los Consumidores de Extremadura, que esta vez obligará a las low cost a ser accesibles o a tener al menos un empleado entre las 7.00 y las 22.00 horas. Pero tal y como explican desde el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), no existe un modelo actual de ninguna instalación que se considere adaptada sin que haya personal.

LAS COMPETENCIAS ESTATALES / Ese nuevo Estatuto de los Consumidores se debatirá mañana en el Pleno de la Asamblea y, si recibe luz verde, sustituirá al anterior (que entró en vigor el pasado 18 de agosto), el cual debe ser suprimido porque invade competencias estatales e incurre en la libre competencia (a nivel nacional sí se permiten las llamadas low cost).

Ahora la clave está en que se da la opción de prescidir de los trabajadores siempre y cuando exista accesibilidad.

El nuevo texto, elaborado por el grupo parlamentario socialista, aún no ha sido debatido, pero desde la Aesae ya han asegurado que lo recurrirán, al igual que hicieron con el anterior: «Se seguirán los trámites reglamentarios hasta llegar a Europa», subraya el abogado Jiménez. «La Junta de Extremadura pone trabas a la libertad de mercado, que tanto defiende la Unión Europea», añade.

En la región actualmente una de cada cinco gasolineras son de este modelo low cost (unas 100 de las casi 500 que funcionan). El debate sobre si se debía prohibir su existencia (con multas de hasta 15.000 euros por no tener personal) surgió en Facebook a propuesta del propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. A raíz de ahí, se empezó a redactar la normativa.