Asegura que no es una cuestión de humanidad, sino de presupuesto. El presidente de la Junta, José Antonio Monago, ratifica que la sanidad pública extremeña "no puede" seguir atendiendo de forma gratuita a los inmigrantes sin papeles y da su visto bueno a la polémica propuesta del Gobierno de obligar al colectivo a pagar 710 euros anuales --1.800 en el caso de los mayores de 65 años-- para tener prestación médica en los centros públicos. "Cuando se ha podido, se ha podido, pero en estos momentos no se puede. Hay que cortar prácticas que no se pueden mantener. Ya cuesta bastante sostener la sanidad en el estándar de calidad que queremos para nuestros ciudadanos como para encima abrir las puertas de los hospitales a todo el mundo", expresó ayer durante una visita a la sede central del 112 en Mérida. Incluso señala que "aquí no cabe la objeción de conciencia" e insta a deducir los tratamientos de la nómina de los facultativos que proclamen objeción de conciencia.

Para Monago, negar la atención a los inmigrantes sin papeles "no es una cuestión de humanidad sino de presupuesto" y en ese sentido, señala que hay que ajustar al máximo el gasto sanitario porque los ingresos han caído. En sus declaraciones, critica que este colectivo se beneficia de un sistema al que no aporta y alerta de que eso puede contribuir a la evasión fiscal de otros ciudadanos, especialmente los autónomos. "Si al final se presta una sanidad a todo el mundo, ¿para qué va a colaborar uno con sus impuestos si quien no colabora con ese sistema tiene también cobertura? Pues me salgo y tengo la misma prestación", dice el presidente.

Las palabras de Monago llegan después de que partidos políticos, colegios de médicos y oenegés de dentro y fuera de la región hayan mostrado su rechazado frontal a la medida del Gobierno. Tras anunciar que la sanidad pública quedaría vetada para los inmigrantes en situación irregular a partir de septiembre, el Ejecutivo propone ahora que las comunidades que suscriban convenios similares a los de las mutuas privadas con el colectivo, de tal forma que aquellos que deseen recibir atención sanitaria pública abonen 710 euros anuales, cantidad que sube el doble en el caso de los mayores de 65 años, que tendría que abonar 1.800.

Los menores hijos de inmigrantes irregulares y mujeres embarazadas quedarían excluidos y siempre tendrían atención médica gratuita garantizada en tanto persista esta situación. Según datos de las organizaciones sin ánimo de lucro, unos 1.700 personas corren el riesgo de perder la cobertura sanitaria en la región a partir de septiembre si no comienzan a pagan estas cantidades.

REBELION Andalucía, Asturias, País Vasco y Cataluña ya han anunciado que harán caso omiso a la medida y que seguirán atendido a los inmigrantes de forma gratuita. Organizaciones como Cáritas, ligada a la Iglesia Católica, también rechazan la propuesta mientras que cientos de médicos de toda España avisan que tampoco negarán la atención en sus consultas.

En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona, recuerda a Monago que el código deontológico de los médicos y especialmente el juramento hipocrático les impide negar la atención a cualquier persona que lo necesite. "Esto es un problema administrativo que no nos corresponde resolver. Nuestro código deontológico nos obliga a auxiliar a cualquier persona, independientemente de que tenga papeles o no", responde Arjona a la afirmación de Monago, para

quien "aquí no cabe la objeción de conciencia salvo que uno quiera que de su propia nómina se le deduzca el tratamiento". Según el jefe del Ejecutivo, el que aporta los recursos públicos es el Gobierno y por tanto, es a quien la corresponde "dictar las instrucciones" de cómo utilizarlos. "Está garantizado, nadie se queda sin asistir, sea inmigrante o no sea inmigrante, en un caso grave. Ahora, un tratamiento prolongado, una prótesis, etc., no siendo casos graves, si quiere objetar un médico es muy fácil: lo comunica a dirección, se le deduce de la nómina, y habrá hecho una contribución social que demostrará su interés", dice. La respuesta de los colegios de médicos de la región será, según Arjona, recomendar a todos los facultativos que apliquen la objeción de conciencia y que no se nieguen a atender a ningún paciente que lo necesite. "Nadie lo ha solicitado aún formalmente, pero es lo que estamos recomendando a los que llaman al colegio a preguntar qué ocurre si no aplican la medida", explica.

Por otra parte, Arjona también aclara que negar la atención a los inmigrantes sin papeles puede repercutir en la salud de los propios extremeños ya que en ocasiones, son portadores de enfermedades como la tuberculosis que fácilmente se pueden contagiar. "Tal vez cuando acudan a los servicios de Urgencias ya sea tarde", alega.

REFLEXION PROFUNDA En la misma línea, el presidente regional de Cáritas, José Manuel López, se opone a la medida. "Comprendo que la situación económica es difícil, pero siempre lo pagan los más débiles, en este caso personas sin recursos que vienen a España en busca de una solución a sus problemas", explica. A nivel nacional, Cáritas se ha mostrado muy crítica con la decisión del Gobierno.

En un comunicado, la organización insta al Gobierno y los partidos políticos a "una reflexión profunda" sobre las consecuencias que esta última decisión puede acarrear. Recuerda que el Estado "debe garantizar los derechos fundamentales de los más débiles" y señala que para la labor social de la Iglesia Católica, estas medidas suponen "un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas, tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos comunitarios, pues modifica los requisitos para obtener autorización de residencia, aumenta la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social, así como de los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular".

También rechaza la nueva medida del Gobierno el imán de la Mezquita de Badajoz, Adel Mohamed Najjar. "Valoramos muy positivamente que el Gobierno decidiera hace años dar la orden de atender a todos los inmigrantes, que tanto apoyo necesitaban, y ahora lamentamos que se queden sin cobertura porque esto no contribuirá a facilitar su integración en la sociedad", declara.

Por su parte, también el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, criticó las palabras de Monago y en referencia a los varios frentes abiertos en Sanidad entre la consejería y los profesionales, dijo que si se se acogen a la objeción de conciencia, "seguro que les recortan las nóminas o les llevan a la cárcel".