Después de una tensa y larga discusión, la Comisión Europea ha cedido ante Francia en la polémica sobre las expulsiones de gitanos búlgaros y rumanos iniciadas este verano y ha aceptado las "garantías al más alto nivel político" ofrecidas por París de que no hubo un trato discriminatorio y de que respetó el derecho europeo.
La Comisión Europea únicamente ha acordado que abriría un expediente contra Francia por una adaptación incompleta de la directiva sobre libre circulación de ciudadanos dentro de la Unión Europea (UE) si antes del 15 de octubre París no comunica sus planes de corregir las insuficiencias detectadas en materias de recursos judiciales contra las expulsiones.
LA DECISIÓN FORMAL, EN OCTUBRE
El Ejecutivo comunitario incluso ha demorado hasta octubre la apertura formal del expediente y del envío de la preceptiva carta de advertencia formal por esa trasposición defectuosa al derecho nacional de las garantías judiciales de la directiva sobre libre circulación de ciudadanos, a la espera de que una notificación del Gobierno francés haga innecesario ese trámite.
Los excesos demagógicos de la comisaria de Justicia, Viviane Reding, y la contundente reacción del presidente francés, Nicolas Sarkozy, han conducido a la Comisión Europea a emitir hoy una larga declaración en la que intenta disimular su repliegue frente a París, después de ninguno de los líderes de los Veintisiete cuestionara las expulsiones de gitanos francesas durante la reciente cumbre europea.
