Los Presupuestos Generales para el 2014 que aprobó ayer el Consejo de Ministros se caracterizan principalmente, según el propio Gobierno, por ser los últimos de la austeridad y los primeros de la recuperación. Las dos aseveraciones deben ser confirmadas por los hechos, lo que quiere decir que de momento son meras hipótesis de trabajo. No sabemos si habrá o no otros Presupuestos con recortes, aunque sería lícito darlo por seguro, pero lo que si está muy claro es que estos los contienen. Los funcionarios verán sus sueldos congelados por cuarto año, por ejemplo, mientras que el consumo público, el gasto del Estado, sufrirá una reducción equivalente al 2,9% del PIB, seis décimas más que en el 2013.
Bajo esas dos premisas, los titulares de Economía y de Hacienda presentaron ayer las cuentas en un tono optimista. Sin embargo, las bases que llevan al Gobierno a anunciar que estamos ante los Presupuestos de la recuperación son claramente discutibles. Luis de Guindos confía en que en el segundo semestre del año próximo la economía española comience a crear empleo. Sus proyecciones prevén una tasa de paro del 25,9% para el conjunto del año, cuando la actividad habrá crecido un 0,7%. En el contexto de equilibrio fiscal que se impone en Europa, el Gobierno tiene que aprobar la difícil asignatura de darle coherencia a unas cuentas profundamente lastradas por la deuda pública. Debe, por añadidura, continuar la senda de la reducción del déficit, que para el 2014 se ha fijado en el 5,8%. Conseguirlo obligará a la Administración central bajar al 3,7%, apenas mil millones de contención. Sin embargo, las comunidades autónomas tendrán que limitarse hasta el 2,1%, lo que supone, otra vez, un esfuerzo desproporcionado si se tiene en cuenta que son estas administraciones las que cargan con la mayor parte del gasto social.
El Consejo de Ministros también aprobó la reforma de las pensiones con la que quiere garantizar el futuro del sistema público, una ley que incluye una serie de medidas destinadas a sujetar el gasto en este capítulo. El Gobierno ha cuantificado el ahorro por su aplicación a medio plazo en 33.000 millones, un dinero que la Seguridad Social economizará no pagándolo a los jubilados. Las simulaciones de la aplicación de las medidas demuestran la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, lo que quizá sea inevitable dada la situación económica y las proyecciones de futuro. Pero lo que el Gobierno no debería hacer es romper el acuerdo del que nació el Pacto de Toledo, donde se establecieron mecanismos de revisión y actualización del sistema. Hasta las patronales se han mostrado disconformes con la nueva ley, un texto que el PP aprobará gracias a su mayoría absoluta, pero que nacerá sin garantías de continuidad precisamente por la falta de consenso.
