Hace poco más de una semana supimos que el Tribunal de Justicia de la UE daba un nuevo varapalo a los bancos, al sentenciar que deben devolver a los clientes todos los gastos hipotecarios afectados por cláusulas abusivas. No es el primero ni el segundo. Las entidades bancarias todavía están devolviendo dinero cobrado ilegalmente mediante la llamada «cláusula suelo».

La base de todas estas sentencias judiciales es la mala fe contractual, ya que se incluían en las hipotecas numerosos artículos de compleja lectura para inexpertos en métodos financieros que, además, no eran convenientemente explicados por los comerciales de los bancos. Toda esa palabrería burocrática que nadie se lee cuando Google te pide que aceptes su política de privacidad, cuando tomamos un medicamento o cuando tenemos prisa por firmar el contrato que nos dará acceso al momento ilusionante —pero también gravoso— en que se adquiere una vivienda. Lo que llamamos «letra pequeña». Todo eso que deberíamos leer y no leemos, bien por irresponsabilidad, bien por prisa o bien, casi siempre, por falta de formación.

Ilusionante pero también temible fue el momento en que murió Franco y una España democráticamente ignorante empezó a hacer política a marchas forzadas, para superar una dictadura en menos de dos años. Se pusieron al mando del viaje un muy reducido grupo de personas (lideradas por Juan Carlos I y Adolfo Suárez) que decidieron los ritmos, las formas, los contratos, las cláusulas y la letra pequeña.

Casi nadie leyó la letra pequeña. Por un lado, porque la mayoría de españoles estaban atenazados por el miedo, y hubieran firmado lo que se les hubiera puesto por delante con tal de que les garantizaran que no habría marcha atrás. Por otro lado, porque después de que durante cuarenta años hubiera un «pater familias» que dijera lo que estaba bien y lo que estaba mal, los españoles no sabían nada de política, y en su gran mayoría no podrían haber comprendido la letra pequeña aunque la hubieran leído.

Ha sido la llegada de nuevas generaciones y el propio paso del tiempo lo que ha ido descifrando esas «cláusulas abusivas» que forman parte de la Constitución Española, y que ahora hacen muy difícil que el país avance sin declararlas nulas.

De la que se habla más durante las últimas semanas es aquella que dice que «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad» (art. 56.3). Esta aseveración de corte medieval no la habrían dado por buena muchos españoles si alguien les hubiera explicado lo que significaba, del mismo modo que muchos clientes bancarios no habrían firmado las hipotecas de conocer que tenían «cláusulas suelo».

Si aquella cláusula significa que Juan Carlos I y ahora Felipe VI pueden hacer lo que les venga en gana, sea delito o no, incluso después de haber dejado de ser jefes del estado, el fraude de ley es palmario. Pero aunque no se llegue a ese extremo de aberración jurídica, la mala fe contractual es muy visible. Sobre todo cuando se ha aprovechado esa «cláusula abusiva» para, presuntamente, robar a manos llenas a un país empobrecido.

También se han ido descifrando otros aspectos de la letra pequeña. Por ejemplo, que el reconocimiento de los derechos forales (Disposición adicional Primera), supone un privilegio fiscal que provoca la ruptura de la igualdad entre CC.AA. Por ejemplo, que el desarrollo del sistema autonómico no ha supuesto una evolución hacia la convergencia económica, sino un incremento de las desigualdades. Por ejemplo, que el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» (art. 47) estaba redactado como brindis al sol, más que como derecho efectivo que nadie pensara realmente garantizar.

Podría seguir. Lo sustancial es que el contrato constitucional de 1978 tuvo numerosas cláusulas abusivas que, de poder ser juzgadas por un tribunal superior, pondrían al texto fundacional contra las cuerdas de ser declarado nulo. Por eso y no por otra cosa algunos llevamos años pidiendo un proceso constituyente que renueve la confianza de la ciudadanía española en sus instituciones. Creo que esta debería ser la prioridad, una vez que pase la crisis sanitaria y la económica derivada de ella.

* Licenciado en CC de la Información