Pacientes, entidades y profesionales vinculados a la enfermedad de alzhéimer presentaron ayer, en una jornada en el Congreso en la que participaron expertos del ámbito jurídico y bioético, un posicionamiento conjunto en el que solicitan que los que la sufran y los que padezcan otras enfermedades neurodegenerativas puedan acogerse a la futura ley de eutanasia.

El proyecto legal, que fue admitido a trámite la semana pasada, establece que la eutanasia o el suicidio asistido podrá aplicarse a personas con una «enfermedad grave e incurable», «crónica e invalidante», que tengan un «sufrimiento intolerable». Por todo ello, consideran que estos enfermos «cumplen» con los criterios que establece la ley. Si bien, como la eutanasia tiene que solicitarla el enfermo y los pacientes con demencias avanzadas no son capaces, a entidades como Derecho a Morir Dignamente, la Fundación Pascual Maragall o la Asociación de Familiares de Alzhéimer de Barcelona «les preocupa» que una problemática tan compleja «quede inequívocamente recogida en el texto».

Por todo ello, según explica Isabel Alonso, de Dret a Morir Dignament, estarán muy atentos al desarrollo de la norma en el Congreso y a las posibles enmiendas que se introduzcan, después de que en Holanda, país referente en la eutanasia, se haya judicializado que se aplicara la ayuda a morir a una mujer que lo había solicitado por escrito antes de perder las capacidades mentales, pero que dio muestras contradictorias cuando se fue aplicar la sedación.

Y es que la ley propuesta solo contempla que la ayuda a morir se aplique en personas con alzhéimer o demencias si antes han manifestado su voluntad, a través de un documento de instrucciones previas o equivalente. «Pero en casos de incapacidad de hecho, como sucede en fases moderadamente avanzadas o avanzadas de demencia, debe garantizarse el respeto absoluto a lo que la persona haya dejado por escrito», señala Alejandro Vilá, presidente de AfAB.