TEtn plena crisis, cuando buscar un trabajo ya es un trabajo en sí mismo, y ya no se hacen ascos por un puesto en la empresa privada, aunque sea con un contrato basura, un sueldo de mierda y en una condiciones miserables (y si quien lo consigue no se da con un canto en los dientes es porque luego no podría pagarse la ortodoncia), lo de lograr un trabajo como Dios manda y cobrar religiosamente cada mes suena a gloria bendita. Y el colmo, la repera, la repanocha, el éxtasis o el multiorgasmo laboral es convertirse en empleado público, aunque muchos no pasen de mileuristas.
Todos sabemos que la oferta y la demanda para entrar en la Administración son absolutamente desproporcionadas (un ejemplo: 170.000 solicitudes para 576 plazas convocadas este año por la Junta de Extremadura, según la prensa), y que el objetivo parece misión imposible, pero aun así hay una legión de valientes dispuestos a sacrificarse y pelear por conseguir un puesto en libre concurrencia, ajustándose a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, ya que creen que es la única forma de poder convertirse en empleados públicos... Y se equivocan, porque hay otras puertas de entrada a la Administración sin necesidad de tanto sacrificio y esfuerzo, sin necesidad de superar ningún tipo de prueba ni de competir con otros opositores, y sin necesidad de demostrar ningún mérito: puede bastar con una demanda judicial.
XESO ESx lo que ha ocurrido en la Unidad de Carreteras de Cáceres (Ministerio de Fomento), en cuyas oficinas han venido prestando sus servicios durante años ocho trabajadores pertenecientes a empresas privadas adjudicatarias de contratos de servicios de conservación integral, desempeñando funciones que, como ellos mismos han denunciado, poco o nada tenían que ver con las propias de los contratos de las empresas a las que pertenecían. Considerando que las tareas que realizaban y las circunstancias, condiciones y dependencias en que las desempeñaban no se ajustaban a la legalidad, estos trabajadores presentaron demandas judiciales por cesión ilegal consiguiendo sentencias que declaran la existencia de cesión ilegal de mano de obra entre las empresas y el Ministerio de Fomento, y conceden a los trabajadores la opción de elegir entre integrarse en aquéllas como trabajadores fijos, o bien en el Ministerio como trabajadores indefinidos.
Esta última ha sido la opción elegida, como era de suponer. Y todo gracias a unas irregularidades cometidas por las empresas y el propio ministerio, y consentidas por pura conveniencia por los trabajadores afectados hasta que han visto peligrar sus privilegios.
Estos casos de cesión ilegal de trabajadores a la Administración no son nuevos, y prueba de ello es que hace años que diversas instancias oficiales propusieron medidas de obligado cumplimiento para atajar determinadas prácticas que, además de ilegales, pueden suponer un grave perjuicio para la Administración y los ciudadanos. Así lo entendieron la Abogacía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda y el propio Ministerio de Fomento, entre otros, pero según parece de poco han servido las recomendaciones e instrucciones al respecto, y está por ver, al menos en los casos aquí expuestos, que se exijan las oportunas responsabilidades. Como también está por ver que los órganos de control (haberlos, haylos) investiguen si estas cesiones ilegales podrían conllevar irregularidades de otro tipo, asunto que podríamos tratar en otra ocasión.
* El autor del escrito es Norberto Elviro Flores, funcionario del Estado en la Unidad de Carreteras de Cáceres
