El plan Zapatero provocó ayer el único roce entre populares y socialistas el descafeinado pleno extraordinario en la diputación. En un ambiente prevacacional, la corporación provincial despachó en una hora todos los asuntos incluidos en el orden del día, del que se aprobaron por unanimidad dos convenios para asesorar a los municipios en sus planes de empleo y contratar a dinamizadores deportivos.

Pero el asunto que provocó mayor debate entre gobierno y oposición fue una moción presentada por el PP sobre el Fondo Estatal de Inversión Local que fue rechazada con los votos del PSOE y en la que se proponía que el IVA de las obras de este plan se repartiera entre los ayuntamientos. Según la estimación del portavoz popular Saturnino López, esta cantidad ascendía a 1.100 millones de euros del total de 8.000 millones que el Gobierno ha destinado a obras en los municipios españoles para intentar frenar la crisis en la construcción. En esta propuesta también se incluía que los remanentes de esas adjudicaciones fueran a parar a los consistorios.

Sin embargo, el portavoz del gobierno provincial, Miguel Angel Morales, argumentó que la normativa europea no permite hacer este tipo de excepciones con el IVA y recordó que este impuesto ya se destina a financiar servicios públicos a través del Estado. Para el próximo año, añadió, está previsto invertir 5.000 millones de euros más.

En opinión del PP, esta propuesta "aliviaría la asfixia económica de los ayuntamientos al no haberse resuelto aún su financiación", según subrayó López en su intervención, recordando que no se habían producido avances en las comisiones de la Federación Española de Municipios y Provincias.

REPROCHES El debate sobre el plan Zapatero derivó en los reproches que el PSOE lanzó al PP por no haberlo apoyado en el Congreso y que sí lo hubieran hecho sus alcaldes en la provincia cacereña con el objetivo de que las empresas pudieran seguir teniendo trabajo. Juan Andrés Tovar, presidente de la diputación, intervino para asegurar que "no es honesto ni razonable desvirtuar un plan de inversiones del que están contentos empresas, ayuntamientos y parados".