Podía haber sido en cualquier lugar de la geografía nacional, pero este ejemplo del proceso se dio en la Comisaría de Cáceres tras la detención de un futbolista acusado de participar activamente en las ‘trampas’ por las apuestas. Como tantos otros dentro de una larga lista de la denominada Operación Cortés, un futbolista del Jerez, de la Tercera extremeña, negaba estar involucrado, pero su declaración no dejaba de ser llamativa. Según su testimonio, que figura en el atestado del 7 de junio del Servicio de Control de Juegos de Azar de la Dirección General de la Policía, al que ha tenido acceso este diario, lo único que decía haber percibido era una prima de 100 euros por ganar, y fue por parte de su club.

Sin embargo, el propio futbolista aseguraba a la policía que «hacía unos cuatro o cinco meses, cuando llegó a su nuevo equipo, le ofrecieron dinero, sin concretar cantidad, si se dejaban perder algún o algunos partidos» y que, según el informe, el origen era un compañero de la plantilla. Es éste un ejemplo más de los que figuran en los diferentes atestados que se han compendiado en el informe, en el que se encuentran, una a una, todas las declaraciones, entre ellas también de protagonistas en calidad de testigos, también de conocidos futbolistas de la región.

En las declaraciones, en las que está también la de Emilio Pinto, que niega taxativamente su participación en los hechos por los que fue detenido, dos de las futbolistas del Santa Teresa que fueron detenidas en el mes de junio manifestan haber realizado apuestas (una de ellas de «carreras de galgos, caballos y fútbol»), pero que no han participado en amaño alguno. La otra se acogió a su derecho a no declarar. Un veterano exfutbolista extremeño detenido igualmente afirma que «nunca» le habían ofrecido realizar amaños.

Otro jugador asegura que, «estando jugando en el Calamonte», le ofrecieron 20.000 euros, a repartir entre los compañeros, «pero no accedió» finalmente, según se refleja en el informe policial.

La mayoría de los detenidos están acusados de delitos de corrupción entre particulares y pertenencia a organización criminal, según la denominación que refleja la Policía. Todo ello ha hecho que el juzgado de Zafra haya querido inhibirse para que el caso pase a la Audiencia Nacional. En ese paso está el proceso en marcha.