El 49% de los profesores e investigadores son contratados y el 42% de los jueces y magistrados son interinos. Estas son, entre otras, algunas de las conclusiones a las que llega el informe presentado ayer en el Congreso por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, quién alertó del alto nivel de temporalidad laboral detectado en las administraciones.

El estudio, realizado por encargo de la comisión mixta Congreso-Senado, revela que los interinos de la Administración central han pasado de componer el 1,4% de la plantilla en el 2001 a representar el 1,6% en el 2002. En cuanto a los contratados, sumaban el 17,5% del personal en el 2001 y, hace un año, el porcentaje había subido hasta el 21,8%.

En las administraciones autonómicas, el incremento de interinos ha sido de dos décimas (el 16,8%) pero el de contratados fue de 1,4 puntos y llega al 27,7%. Por último, la situación de los ayuntamientos es "más inquietante", aseguró Múgica, porque el 32% del personal es temporal, sea interino o eventual.

Múgica destacó que la temporalidad en algunos ámbitos de la Administración pueden ser un "mal endémico", como por ejemplo en la sanidad, por una falta de periodicidad en las convocatorias de plazas. Entre el personal sanitario, la interinidad llega al 20,4%.

El problema en la educación es la "pluralidad de tipos de contratos" temporales. La interinidad llega al 18% en los servicios educativos autonómicos donde destacan Baleares (28%), Ceuta y Melilla (39%) o Andalucía (22%). La Universidad de Barcelona tiene 179 interinos; la del País Vasco, 281 y la Politécnica de Madrid, 269. Todo ello provoca "una dudosa profesionalización del empleo público docente de carácter eventual", dice Múgica.

Por otro lado, "es frecuente" la sustitución de jueces y magistrados por suplentes, aunque no pertenezcan a la carrera judicial, denuncia el informe. Múgica recomienda que se utilice a los secretarios judiciales para realizar esa función sustitutoria.

También recuerda los pactos con los sindicatos para reducir la temporalidad en la función pública al 8% y la necesidad de que los internos no se conviertan en funcionarios "paralelos".