Los sindicatos de la función pública escucharon ayer una parte de la respuesta que esperaban del Gobierno. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se comprometió a que los funcionarios no pierdan poder adquisitivo en los tres años del acuerdo que se está perfilando, lo que equivale a un aumento igual a la inflación de ese periodo, pero no concretó el mecanismo para llevarlo a cabo.

Al mismo tiempo, De la Vega reiteró la petición de "contención salarial", especialmente en el 2010 y en el marco de los planes del Ejecutivo de reducir los gastos en 8.000 millones. Según las cifras aportadas por el Gobierno a los sindicatos, cada punto de subida de las nóminas de los funcionarios supone un gasto de 363 millones en los Presupuestos Generales del Estado.

La secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, aseguró que la vicepresidenta planteó un acuerdo sobre tres puntos: un plan salarial que "asegure que en ningún caso habrá pérdida de poder adquisitivo", el desarrollo del Estatuto del Empleado Público y la adecuación de una oferta de empleo a las "nuevas necesidades".

Anunció que, aunque hay "diferencias", también hay "bases para el acuerdo", ya que existen "objetivos comunes" y dijo que en los próximos días el Gobierno estudiará detenidamente la propuesta unitaria de UGT y CCOO y la planteada por CSI-CSIF, "que es muy similar".

Los negociadores trabajan con la hipótesis de un alza entre el 0,5% y el 1%, lo que supondría una pérdida de poder adquisitivo en el primer año de vigencia del pacto.