La Comisión Europea (CE) reclamará hoy al Gobierno español un control estricto del gasto público municipal y autonómico para evitar que los ayuntamientos y las comunidades autónomas socaven los esfuerzos estatales para recortar el déficit presupuestario y sanear sus finanzas.

La recomendación del Ejecutivo comunitario sobre el plan de estabilidad español 2009-2013, a la que ha tenido acceso este diario, pide un "marco presupuestario que respalde efectivamente, a todos los niveles de la Administración", el objetivo de rebajar el déficit público del actual 11,4% al 3% del producto interior bruto (PIB) en el 2013.

RIESGO DE DESCONTROL La recomendación que se adoptará hoy pide expresamente que se "supervise estrechamente" la adhesión de las diferentes administraciones al cumplimiento de los objetivos presupuestarios a lo largo del año. El documento destaca que existe el riesgo de que un descontrol presupuestario a nivel autonómico y local puede comprometer los objetivos estatales, por lo que estima "esencial" una regulación de las relaciones entre las distintas administraciones. La Comisión Europea considera que el plan de estabilidad español sigue las recomendaciones de la Unión Europea para reducir el déficit público. Pero advierte de que las previsiones económicas para el 2011 y años siguientes pecan de optimismo, por lo que la recaudación real puede ser inferior a la prevista y el Gobierno debería estar preparado para adoptar medidas de ajuste adicionales.

RECUPERACION DIFICIL Las secuelas de la crisis lastrarán la recuperación económica, según el documento. El consumo será inferior del estimado por el Gobierno por los ajustes estructurales de la economía, en especial en la construcción, precisa la Comisión Europea. La lenta reestructuración del sector financiero también puede dificultar la recuperación, según el texto.

El Ejecutivo comunitario reprocha asimismo al Gobierno que falta concreción y detalle sobre las medidas de ajuste previstas después del 2010 e insiste en la necesidad de una reforma del sistema público de pensiones. La crisis ha agravado el impacto del envejecimiento de la población sobre la viabilidad de las finanzas públicas a largo plazo, subraya la recomendación.