El Consejo de Estado apuesta por aprovechar la anunciada reforma de la Constitución para cerrar el proceso autonómico. En el borrador del informe sobre la reforma constitucional, que no es vinculante, este órgano consultivo advierte "riesgos de crisis" ante la aproximación del ámbito de poder de las autonomías "al máximo admitido" constitucionalmente, por lo que propone fijar el techo de los futuros traspasos incluyendo en la Carta Magna "un sistema de delimitación de competencias".
El Consejo de Estado responde así al encargo que le hizo el Gobierno para que informara sobre los cambios constitucionales propuestos por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Difundido ayer por el El Mundo, el documento obra ya en poder de todos los miembros del pleno del Consejo --incluido el expresidente José María Aznar--, que lo votarán el 16 de febrero.
Junto a la posible inclusión del nombre de las autonomías en la Constitución, el informe invita a cambiar el título 8º, que define el modelo territorial español. Convencidos de que la descentralización española es superior a la de los países federales, los autores sugieren establecer un listado de competencias estatales "inherentes a la soberanía" e "indelegables" a las comunidades; restituir el recurso previo de constitucionalidad, que suspendería la aprobación de una carta autonómica hasta que dictamine el Tribunal Constitucional; y ampliar la mayoría necesaria para aprobar un estatuto en caso de desacuerdo entre Congreso y Senado.
La divulgación de este borrador motivó ayer un giro copernicano del PP. De rechazar la reforma de la Constitución pasó a exigir que se revise antes que los estatutos, posibilidad descartada por el PSOE. Para acabar con la "inestabilidad" que atribuye al Estatuto catalán, el popular Angel Acebes ofreció un "gran acuerdo" al PSOE y CiU destinado a consensuar los cambios apuntados por el Consejo de Estado, que a su juicio "dan la razón" a los postulados del PP.
EL PAPEL DEL SENADO La conversión del Senado en una cámara verdaderamente territorial debe pasar, según el Consejo de Estado, por que sus elecciones se celebren mediante circunscripciones autonómicas, y no provinciales como ahora. Esa es la "moderada preferencia" de este órgano consultivo, que se inclina por prescindir del sistema mayoritario y elegir a los senadores por "sufragio universal, libre, igual, directo y secreto".
Cada comunidad elegiría seis senadores, otro más por cada millón de habitantes y aún otro por cada una de sus provincias, según la redacción propuesta para el artículo 69 de la Constitución. La otra novedad de la propuesta es la renovación de la Cámara alta en elecciones simultáneas a las de las autonomías, y no a las del Congreso.
El Senado se transformaría, así, en cámara de primera lectura para las leyes de incidencia autonómica --salvo las de carácter básico-- y en espacio de cooperación entre el Estado y las comunidades.
