La disposición del Gobierno para financiar la localización y exhumación de fusilados por el franquismo durante y después de la guerra civil ha dividido a las asociaciones que trabajan para recuperar la memoria histórica. Ocho entidades alineadas con las tesis del equipo Nizkor de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional han rechazado la medida y han pedido entrevistas con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y con los grupos parlamentarios, mientras que otras dos asociaciones han acogido de buen grado la decisión del Ejecutivo.
Una orden ministerial de De la Vega, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 17 de diciembre pasado, considera "proyectos subvencionables" la investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represión política posterior.
LA DISCREPANCIA La disposición atribuye a "los particulares o agrupaciones de particulares que ostenten interés legítimo" la búsqueda y exhumación de las víctimas. La mayor parte de las asociaciones de víctimas de la represión franquista y de recuperación de la memoria histórica creen que "estos aspectos concretos son parte de la responsabilidad jurídica del Estado y no pueden ser delegados o subcontratados a particulares o agrupaciones de particulares sin violar la legalidad". Estas asociaciones han enviado una carta a De la Vega en la que le piden una entrevista urgente antes de que se aplique la orden.
LAS AYUDAS La norma contempla subvenciones para la instalación de placas y elementos identificativos de las víctimas de la sublevación franquista, la recopilación de testimonios, documentación escrita, cursos y seminarios, la rehabilitación de intelectuales y artistas y la identificación de obras públicas realizados por presos esclavizados por el franquismo.
