La fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer 12 años de prisión contra el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y penas que oscilan entre los 12 y los ocho años de prisión para 39 miembros de la fuerza ilegal. Así consta en el escrito de conclusiones provisionales necesario para celebrar el macroproceso contra la izquierda aberzale. La Audiencia Nacional tiene previsto celebrar esta vista el próximo año.
La fiscalía explica que los locales de ocio de Batasuna, conocidos como herriko tabernas, surgieron en la década de 1970. Y que ETA decidió usarlas "como lugar idóneo" para la celebración de asambleas de las organizaciones dependientes, "para el reclutamiento de nuevos terroristas, para el depósito temporal de armas y explosivos, y para la captación de información sobre posibles objetivos de la organización terrorista".
Estos locales --174, distribuidos por el País Vasco-- se escondían como asociaciones culturales y aparentaban que su actividad económica era la hostelería. Bajo esta apariencia, lograron durante años desvincularse "de la actividad política y logística" que desarrollaban a favor de la banda armada. ETA les encomendó que fueran rentables "con el objeto de allegar fondos a las organizaciones que configuran la estructura frentista" de la banda criminal.
LAS CUENTAS El patrimonio de estos locales superaba los 12 millones de euros, aunque anualmente sus movimientos superaban los 15 millones. Sin embargo, durante mucho tiempo lograron permanecer opacas, a pesar de que estaban controladas por miembros de Batasuna.
El fiscal sostiene que ETA mantenía el control sobre sus organizaciones colocando a miembros de su entramado en los puestos de dirección. Estas personas, en la mayoría de los casos, habían sido condenadas por terrorismo o pertenecían a la mesa nacional de Batasuna.
