No hay vuelta atrás. La Fiscalía General del Estado, que dirige Cándido Conde-Pumpido, prepara la demanda de ilegalización de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) por entender que es una continuidad de la ilegalizada formación. La demanda se presentará la próxima semana.

El ministerio público denunciará ante la sala especial del Tribunal Supremo que el nuevo partido emplee el término Batasuna, que dos de los tres promotores hayan formado parte de la anterior mesa nacional de Batasuna, que una de ellas, Marije Fullaondo, esté procesada por colaborar con ETA, y que la ilegalizada formación haya "trasplantado" sus anteriores órganos directivos al nuevo partido.

Estos defectos podían haber sido subsanados por ASB si el Ministerio del Interior les hubiera dado esa opción. Sin embargo, el Gobierno decidió remitir la nueva formación al fiscal y al Abogado del Estado. Ante esta situación, la fiscalía ha decidido pedir la ilegalización de ASB --siglas que ya están inscritas en el registro de partidos como Asociación Socialista de Boadilla-- porque no cumple la ley de partidos.

No obstante, fuentes fiscales y gubernamentales subrayaron ayer los avances de la izquierda aberzale en la redacción de sus estatutos. Para esas fuentes, es significativo que Batasuna haya aceptado la ley de partidos y que afirme que defenderá sus principios "exclusivamente" por vías políticas y democráticas. También que quieran superar el conflicto de "naturaleza política" mediante "un proceso de diálogo y negociación y en ausencia de cualquier tipo de violencia".

Sin embargo, los peros surgen cuando ASB anuncia que funcionará con una mesa nacional --como la ilegalizada Batasuna--. "No puede trasplantar de manera mecánica la anterior mesa nacional al nuevo partido", enfatizaron las fuentes fiscales consultadas. Batasuna es la única formación que utiliza ese tipo de organización o funcionamiento interno. Otro indicio que aportará la fiscalía es que en el día de ayer Arnaldo Otegi defendió a ASB.

Asimismo, los fiscales cuentan con una voluminosa documentación recopilada por la fiscalía de la Audiencia Nacional sobre las investigaciones que dirige el juez Baltasar Garzón contra la ilegalizada formación y sus locales de ocio, las herriko tabernas .

EL MENSAJE Además, el Gobierno, con su decisión, quiso enviar un mensaje contundente a ETA. Antes del atentado de Barajas, el Ejecutivo iba a ser más flexible, pero tras la muerte de dos ecuatorianos y el comunicado ambiguo de ETA, en el que se reservaba el derecho de actuar cuando lo considerara oportuno, el Gobierno exige que la organización armada reitere que abandona definitivamente la violencia.

El Gobierno no descarta que Batasuna pueda retirar ASB y presentar una nueva formación para concurrir a las municipales, ya que la ley no es muy clara respecto a los plazos para registrar un partido político.