El Gobierno financiará la localización, exhumación e identificación de las fosas en las que yacen víctimas del franquismo. Y lo hará con carácter subsidiario en aquellas comunidades autónomas cuyos ejecutivos no estén apoyando económicamente estos procesos.
Así lo indica la moción de ICV-IU que se debatirá esta tarde en el Congreso, y que cuenta con el apoyo del PSOE. El texto enmendado por el grupo socialista consta de cinco puntos. En el tercero se "garantiza" la "responsabilidad pública e institucional" en las labores derivadas de la apertura de las fosas y su carácter subsidiario por parte de la administración del Estado.
Para concretar este compromiso, la moción indica que el Gobierno impulsará "las reformas normativas que sean necesarias" en la ley de la memoria histórica. El diputado de ICV, Joan Herrera, destacó la importancia de este pacto y habló de "un antes y un después" de esta modificación "sustancial".
"CONDENA EXPRESA" AL FRANQUISMO
La enmienda incluye la conmemoración "de forma solemne" de una declaración del Congreso de "condena expresa" al régimen franquista y de "apoyo a sus víctimas". También se ha acordado potenciar la oficina para las víctimas de la guerra civil y la dictadura, con sede en el ministerio de Justicia, para que añada a su función actual de atención y asesoramiento a los ciudadanos, la de asumir la "dirección y coordinación" de todas las políticas públicas vinculadas a la aplicación de la ley de la memoria histórica.
Por el contrario, Iniciativa no ha logrado su propósito de crear una fiscalía especializada para desarrollar la ley.
El acuerdo entre el PSOE e ICV-IU incluye dos puntos en los que se afirma que el ordenamiento jurídico español obliga, de modo "indudable y suficiente", a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio. Y que la aplicación e interpretación de esa legislación corresponde a los jueces y tribunales.
Para los socialistas, esta afirmación zanja la polémica sobre la reforma de ley de amnistía de 1977, reclamada por Herrera que, sin embargo, no renuncia a seguir insistiendo en esta dirección tras el proceso abierto por el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Aún así, el diputado ecosocialista reconoció que si la moción se aprueba, el Congreso habrá sentenciado que esos crímenes "se han de perseguir y que no es delito investigarlos".
