El portavoz de la Campaña Antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, denunció hoy que la decisión de renovar la licencia de operación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) durante 10 años más se produjo el pasado mes de febrero por un acuerdo entre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que definió como un "organismo pronuclear de toda la vida" y el propio ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

Así, Bravo calificó de "lamentable" el dictámen favorable a instalación burgalesa remitido por el organismo regulador al ministerio de Industria, al tiempo que afirmó que tal dictamen no se basa en criterios técnicos sino estrictamente "políticos".

El representante de Greenpeace, reconoció acoger la noticia "sin sorpresa alguna" y, en ese sentido, recordó que ya en febrero Greenpeace denunció públicamente en un acto celebrado en Vitoria que el CSN ya había tomado una decisión "puramente política, no técnica", con la "connivencia" de Miguel Sebastián.

"Lo que nos parece lamentable es que se haya apurado el plazo hasta el último momento para tratar de interferir lo menos posible en los intereses electorales del PSOE", indicó Bravo, quien criticó que en 2006 el CSN exigió a Garoña una serie de requisitos que tenía que tener cumplido en 2009 para poder proseguir su actividad, fundamentalmente la renovación del cableado eléctrico y de las válvulas de seguridad, que no ha cumplido.

De este modo, el portavoz ecologista censuró a la central propiedad de Nuclenor porque "suspende el examen en las materias más importantes y, aún así, le dan el aprobado". En su opinión, se trata de una prueba más de que la decisión estaba ya tomada por criterios puramente políticos.

Pese a ello, Bravo recordó que el informe del CSN no es vinculante para el Gobierno e instó a éste a decretar el cierre de Garoña "en virtud del compromiso electoral, porque su cierre no supone un problema para la garantía del suministro eléctrico, que era una de las condiciones impuestas por el PSOE".

Por su parte, Ecologistas en Acción, señaló que una vez conocida la decisión sobre Garoña, este es "un día aciago", precisamente porque hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Así, señala que se han cumplido "los peores presagios" porque el CSN decidió "por unanimidad" prorrogar la vida de la central una década más a pesar de que sus propietarios "no han cumplido todas las exigencias de dicho organismo".

Según la ONG, el dictamen señala que realizará auditorías a la planta cada dos años, algo que considera "irrisorio" si se quiere presentar como un intento de "mostrar firmeza" porque en la actualidad estas inspecciones ya se relizan cada dos años.

Asimismo, denuncia que la forma en que "se ha intentado mantener el dictamen en secreto resulta antidemocrática" y que trataba de "hurtar a los ciudadanos el debate fundamental" sobre la energía nuclear de cara a las elecciones europeas del próximo domingo. De este modo, la organización exige al Gobierno que "tome cartas en el asunto" y no prorrogue el permiso de la planta burgalesa para poder cumplir su promesa electoral y librar a los ciudadanos y al medio ambiente del "riesgo" de mantener funcionando a una de las centrales nucleares más antiguas del mundo.